La Iglesia pide 4 años de cárcel a seis activistas contra la ley del aborto del PP

El Obispado de Mallorca pide un total de 24 años de cárcel, cuatro para cada una de las seis mujeres activistas que protestaron en una misa de una iglesia de Palma contra la reaccionaria ley del aborto del PP, en febrero de 2014.

Las penas de cárcel que la Iglesia pide se basan en la acusación de varios delitos, entre ellos el de “ofensa contra los sentimientos religiosos” en referencia a la protesta que los jóvenes protagonizaron el domingo 9 de febrero de 2014 en la Iglesia de Sant Miquel. Alrededor de treinta activistas entraron con sus pancartas al templo durante la misa y cantaron a favor del “aborto libre y gratuito”.

En esas fechas se estaba debatiendo la reforma de Ley del Aborto del ex- ministro de Justicia Ruiz Gallardón. Ley que fracasó, producto de la amplia movilización y que le costó la dimisión al obcecado Ministro en imponer la prohibición del aborto.

Aunque esta ley fue un fracaso también para toda la derecha ultracatólica, el Opus Dei y los Pro-Vida, la Iglesia insiste en perseguir y reprimir a la juventud que derrotó en 2014 con la movilización la tan ansiada ley del PP.

Por su parte, la Fiscalía pide un total de nueve años de cárcel para los encausados, un año y medio para cada uno. La instrucción del asunto, que será juzgado por la Audiencia Provincial de Palma, ha finalizado esta semana. Fuentes cercanas al Obispado de Mallorca anunciaron estar dispuestos a alcanzar un acuerdo, siempre y cuando los jóvenes reconozcan su error y pidan disculpas a la Iglesia. Además, aclaran que al menos no han pedido la pena máxima que contempla el Código Penal por este delito, que es de seis años.

El colectivo de apoyo a las feministas encausadas declaró que “esta protesta fue un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión y, por tanto, no es ningún delito”. A su vez, valoran la efectividad de medidas de protesta como éstas ya que “contribuyeron en gran parte a la retirada de la propuesta de ley, a excepción de la modificación que obliga a las menores de edad a pedir permiso paterno para poder llevar adelante el aborto”; en referencia a la última reforma del PP que prohíbe abortar a las menores de 16 años.

Esta pena escandalosa provocó la bronca de los movimientos sociales, feministas y de mujeres por las redes sociales. A tal punto que este martes, el colectivo “Anonymous” hizo colar en la página web corporativa del Obispado de Mallorca, un comunicado durante unas horas denunciando la petición de penas de cárcel.

El texto decía: “¡4 años de prisión para cada uno de ellos! Si tuviésemos que contar todas las veces que la Iglesia se ha metido en la vida privada de la gente no ya manifestándose, sino imponiendo su visión, reventábamos las cárceles de ovejas. Pero nosotros somos más misericordes”, según informó la propia diócesis mallorquina que ya tiene en funcionamiento operativa su página web y anunció nuevas denuncias legales.

La Iglesia católica tiene un gran peso en las decisiones políticas de los Gobiernos del Estado español. Todos los debates alrededor de la cuestión de la prohibición del aborto, las pronunciaciones públicas de obispos y curas de carácter homófobo y machista, entre otras, son expresión de las tensiones propias de un PP que contiene en sus entrañas a los sectores de la ultraderecha más rancia; además de su eterna alianza con la CEE (Conferencia Episcopal Española). Pero sobre todo, son causa de que “la vida terrenal de los santos evangelios” se cobra 158,4 millones de euros anuales. Estas son las cifras para la Iglesia católica que el Estado subvenciona con fondos públicos durante todos los gobiernos de turno, tanto del PSOE como el PP.

 

Cynthia Lub

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