Desde este martes, los servicios secretos franceses están a un paso de obtener vía libre para espiar internet e interceptar comunicaciones telefónicas y cibernéticas, tras aprobarse el proyecto de ley del primer ministro, Manuel Valls. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han calificado a la ley de “liberticida”.

Con el fundamento de que permitirá prevenir el terrorismo, el crimen organizado o el espionaje industrial, la Asamblea Nacional aprobó por vía de urgencia y con holgada mayoría (438 votos a favor y 86 en contra –una decena de ellos socialistas–) una nueva ley que legaliza el espionaje masivo sin control judicial.

“Ahora tenemos una legislación a la altura de lo que somos: una gran democracia y un Estado de derecho capaz de afrontar las amenazas que cuestionan nuestras libertades fundamentales”, dijo el primer ministro en defensa de la ley, cuestionada por organizaciones de derechos humanos y de defensa de las libertades civiles como “liberticida”.

Las operaciones de espionaje se regían hasta ahora en Francia por una ley de 1991, desactualizada en relación a la evolución de las redes sociales y las nuevas tecnologías, aunque las actividades de los espías nunca se caracterizaron por atenerse a las restricciones legales.

El debate parlamentario coincidió con la difusión en el diario Le Monde de una información según la cual los servicios franceses disponen desde hace años sin control alguno, salvo el de sus propios jefes, de un sistema de recogida y almacenamiento masivos de información denominado Plataforma Nacional de Criptado y Desencriptado. El sistema fue creado en 2007 y tiene su sede en París, aunque el primer ministro Valls se defendió diciendo que “No hay ninguna vigilancia en masa”.

La nueva legislación prevé que los agentes del espionaje francés reciban alertas automáticas mediante algoritmos informáticos de cualquier actividad considerada “sospechosa” según sus parámetros.

Al mismo tiempo, la nueva Ley habilita el uso de sistemas denominados Imsi Catcher, a través de los cuales los espías podrán captar y registrar todos los datos de teléfonos u ordenadores de supuestos sospechosos, pero también de toda persona que se encuentre en varios centenares de metros a la redonda.

La completa discrecionalidad de las acciones de espionaje que permite la nueva ley incluye la instalación de dispositivos de rastreo en automóviles, cámaras ocultas, la posibilidad de reclamar datos a las operadoras de internet para analizar el flujo de tráfico, la colocación de micrófonos en lugares privados, e incluso, la entrada en domicilios sin más trámite que una autorización administrativa.

El jefe del Gobierno francés, que pidió una rápida adopción del texto en su debate en el Senado a finales de mes, rechazó las “polémicas inútiles” sobre la ley y las acusaciones “insoportables” de que es “liberticida”, respondiendo a las críticas sostenidas en el hemiciclo en boca de los parlamentarios que consideran que la nueva ley debilita el control del espionaje y genera el riesgo de crear “una policía política”, según el ecologista Sergio Coronado.

La ley otorga al primer ministro un mayor poder para decidir sobre el espionaje de personas, tanto telefónico como a través de internet.

El único control que establece la ley es el de una comisión compuesta por magistrados del Consejo de Estado y del Constitucional, además de parlamentarios y expertos.

Para Valls este organismo supone “incluso un refuerzo” del control de los servicios de espionaje, aunque el primer ministro puede pasarse de su luz verde en casos considerados urgentes.

Aunque la decisión de hacer una ley sobre el espionaje fue presentada en junio de 2014, el debate de la propuesta se ha hecho en el contexto de los atentados de París de enero pasado contra la revista satírica “Charlie Hebdo” y contra un supermercado Kosher.

Valls anunció tras los atentados que esta ley reforzaría el arsenal de los servicios de seguridad. El primer ministro hizo eje entonces en la vigilancia de internet y las redes sociales, “usadas más que nunca por los yihadistas”.

Aunque la Ley tuvo críticas dentro del Parlamento (especialmente de los parlamentarios comunistas y los Verdes), ha sido fuera del donde la oposición se ha hecho más virulenta.

“Es un día triste para la historia de las libertades individuales de Francia. Esta ley legaliza la intrusión masiva de los servicios del Estado en nuestra vida privada sin mecanismo de control digno de ese nombre”, aseguró la presidenta de Amnistía Internacional en Francia, Geneviève Garrigos.

En idénticos términos se pronunciaron otras asociaciones de derechos humanos, pero también asociaciones de magistrados o el organismo independiente que controla la información en internet.

Decenas de parlamentarios recibieron llamadas para que votaran en contra y a Valls le enviaron un documento con 119.000 firmas. Alguna empresa dedicada al almacenamiento de datos informáticos ha amenazado con irse de Francia.

Ante las críticas y dudas, el presidente, François Hollande, ordenó que una vez que supere el trámite en el Senado, el texto definitivo sea presentado ante el Consejo Constitucional para asegurarse de que no contraviene la Carta Magna.

En medio del clima reaccionario generado tras los atentados de París que causaron 17 muertos, los gobiernos de los principales países de Europa se aprestaron a profundizar las medidas de restricción de las libertades democráticas, espionaje de los ciudadanos, la libre circulación dentro de la “Unión” y el flujo inmigratorio.

Todas las variantes reaccionarias europeas, desde los conciertos neoliberales gobernantes, hasta las formaciones de extrema derecha, xenófobas e islamófobas, como el Frente Nacional o Pegida, tienden a fortalecerse en este marco. Por ello a nadie sorprende el asombroso parecido entre la ley de Valls y el “Acta patriótica” norteamericana, paradigma de la restricción de las libertades democráticas que hoy es calcado por el ejecutivo francés.

Sin embargo, en medio de una aguda crisis económica y de los regímenes políticos, las grietas estructurales del “proyecto europeo” se muestran cada vez más hondas y son cada vez más los sectores que tienden a cuestionar estas salidas reaccionarias.

La extraordinaria campaña de solidaridad contras el intento de encarcelar a Gaëtan (estudiante de historia del arte de la universidad Le Mirail, miembro del sindicato estudiantil Solidaires étudiantes, y militante del Nuevo Partido Anticapialista de Toulouse, Francia), en defensa de las libertades democráticas y contra el giro cada vez más bonapartista y “liberticida” del gobierno francés pareciera ser una muestra de esto.

Para los trabajadores, la juventud y todos los sectores explotados y oprimidos en Europa, las luchas van a ser más duras en los tiempos que vienen. Por ello, fortalecer la unidad y la solidaridad entre los trabajadores y la juventud, y combatir cualquier atentado contra las libertades democráticas, como también la xenofobia, la islamofobia, el antisemitismo y la injerencia imperialista en cualquier parte del mundo, están entre las principales tareas de la izquierda y los trabajadores en Francia y Europa.