Colau, la misa de la Mercè y las reacciones del PP y la Iglesia

La supresión de la misa de la Mercé en las próximas fiestas patronales de Barcelona por parte del Ayuntamiento de Ada Colau desata la ira del Arzobispado y el PP. Una reacción en defensa de la vinculación entre Iglesia y Estado que defiende al Régimen del 78.

En Barcelona todos los años se celebran del 18 al 24 de septiembre las Fiestas de la Mercè, patrona de la ciudad. El pasado miércoles 22 de julio, durante la presentación del programa de fiestas, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, hacía pública la decisión de “suprimir como convocatoria municipal la asistencia a la misa”. Las reacciones de concejales del PP de Barcelona y del Arzobispado de la ciudad no han tardado en surgir.

“El ayuntamiento ha de actualizarse”. Así se manifestaba la alcaldesa de Barcelona, al hacer pública su decisión de que la tradicional misa de la Mercè no figure en el programa institucional de las fiestas. Es decir, que aunque la misa se celebrará igualmente bajo el alegato del respeto a la “pluralidad y la riqueza del tejido de la ciudad”, por primera vez, ningún miembro del consistorio acudirá en representación institucional, en todo caso lo hará a título individual.

Ada Colau aseguró que al no incluir la misa en el programa institucional se está haciendo un acto de respeto al sistema democrático laico.

La celebración religiosa del 24 de septiembre siempre ha contado con la presencia del alcalde de la ciudad y de concejales de todas las formaciones, salvo ICV (Iniciativa por Cataluña-Verdes) -que ahora integra Barcelona en Común-.

Sin embargo, se mantendrá en el programa de actos oficiales la procesión popular desde la misma basílica donde se celebra la misa, que pasa por puntos importantes de la ciudad como la Plaça Sant Jaume, donde se encuentra el Ayuntamiento y la Generalitat de Cataluña.

Colau afirma que lo hacen “dentro del ordenamiento jurídico de la Constitución que marca la aconfesionalidad de las instituciones”. Además, asegura que la iniciativa surge por las numerosas peticiones individuales y de instituciones en defensa de la total laicidad del Ayuntamiento de Barcelona.

El Partido Popular y la Iglesia no han tardado en pronunciarse

El presidente del grupo municipal del Partido Popular en el consistorio, Alberto Fernández, anunció su sorpresa por el anuncio. Según él “tanto la misa de la Mercè como la de Sant Jordi continuaron formando parte de la agenda de actos con anteriores tripartitos municipales, pese al carácter aconfesional de las instituciones”. Incluso bromeó que no le extrañaría que la nueva alcaldesa rebautizara las fiestas para llamarlas “fiestas de otoño”. Cínico viniendo de un partido que en las últimas elecciones municipales hizo una campaña xenófoba contra la comunidad musulmana de Barcelona, mostrando una vez más que el PP lleva en su ADN el nacional-catolicismo y la intransigencia religiosa.

Por su parte, el Arzobispado de Barcelona publicó un comunicado donde aseguraba que la decisión no le extrañaba, y denunciaba que rompía con la “tradición multisecular que siempre ha reflejado el programa oficial de las fiestas de la Mercè, respetando las diferentes sensibilidades de los barceloneses y barcelonesas”. Sin embargo, si que mostraron su sorpresa con algunas afirmaciones de Colau, llegando a asegurar que por sus declaraciones pareciese que “fuese competencia suya organizarla [la misa] o como si pudiese eliminarla. También llama la atención que hablara de una “rúa”, cuando lo que se celebra por las calles de Barcelona es una procesión”

Más alcaldes renuncian a participar como representantes públicos en actos religiosos

No es Ada Colau la primera “nueva alcaldesa” que “rompe” con las relaciones de fiestas tradicionales y religión.

Martiño Noriega, el alcalde de Santiago de Compostela (Galicia) por la marea Compostela Aberta, se negó a entrar en la catedral de la ciudad el pasado 25 de julio, Día de Galicia. Sin embargo, sí que recibió al Presidente de la Xunta gallega y asistió a la tradicional parada militar.

O en A Coruña, el alcalde Xulio Ferreiro cambió la ofrenda tradicional por un homenaje a la científica coruseña María Wonenburger.

En la mayoría de ciudades del Estado español se celebran fiestas con un claro carácter religioso, vinculadas con leyendas de santos y santas, y su relación con las distintas ciudades. En ellas, los alcaldes y alcaldesas acuden a las misas y procesiones, llegando a pedir durante las mismas por los y las paradas, o por la “unidad de España y las víctimas de terrorismo”, como es el caso de la ex-alcaldesa de Madrid Ana Botella, del PP.

La Conferencia Episcopal Española considera «una pena» que algunos alcaldes y alcaldesas no asistan a actos religiosos, al considerar que “no representan a todos los ciudadanos, y si no asisten a tales celebraciones lo que hacen es demostrar que solo representan a quienes les han votado”. También alegan que acudir a tales actos “no expresa pertenencia a una confesión ni desprecio a las demás». Sin embargo, obvian que demuestra la relación y la inexistente separación entra la Iglesia y el Estado, y todas las instituciones que de él se derivan.

Las críticas que han surgido –Partido Popular, Arzobispado y Conferencia Episcopal- son claros ejemplos del arraigo de la Iglesia en el Régimen del ’78. Incluso cuando se “atacan” aspectos simbólicos, la derecha reaccionaria y la jerarquía eclesiástica, no dudan en usar a sus representantes políticos y su poder mediático para atacar este tipo de iniciativas. No es difícil imaginarse la reacción que tendrían si se tocasen aspectos vitales para la financiación y perpetuación de las Iglesia en el Estado español: como las partidas presupuestarias, las subvenciones a colegios religiosos, o que dejara de estar exenta del pago del IBI (Impuesto de Bienes e Inmuebles).

Estas medidas, y la anulación del Concordato franquista entre el Estado y el Vaticano -donde se consagran todos los privilegios de los que goza la Iglesia Católica- deben ser parte de una agenda de movilización para conseguir una reivindicación democrática tan básica como la separación efectiva de la Iglesia y el Estado.