Gobierno del cambio, pactos con la casta y oposición de izquierda

En estos días son millones los jóvenes y trabajadores ilusionados con los resultados de las elecciones del domingo. El PP pierde sus principales posiciones y un buen número de ayuntamientos de las principales capitales pueden quedar en manos de las candidaturas ciudadanas apoyadas por Podemos.

El caso más significativo es el de Barcelona, donde la lista Barcelona en Comú ha resultado la más votada derrotando a CiU. Y la única con una fuerza política a su izquierda, la izquierda independentista de la CUP.

Barcelona es de las pocas ciudades donde la investidura de la nueva alcaldesa está en principio garantizada. Trias ya ha anunciado que no se postulará y ante la ausencia de una coalición que supere en concejales a BeC, la misma ley prevé que gobierne la lista más votada. Es el único lugar donde no se precisa de ningún pacto previo para desalojar a la derecha. A diferencia de Madrid, Valencia, Zaragoza o Cádiz, donde sin los votos del PSOE las candidaturas municipalistas no podrán desalojar el PP.

Barcelona es también la capital en la que a la izquierda de la candidatura ciudadana hay otra opción política. La CUP ha logrado entrar al consistorio con tres regidores y según recalcó su cabeza de lista, la sindicalista María José Lecha, no lo ha hecho ni para ser la “muleta de nadie”, ni para “limitarse a hacer una política de mejora y eficiencia”.

Las esperanzas con el cambio institucional sin duda tienen eco en muchos jóvenes y trabajadores que han sido y son parte de luchas contra la precariedad laboral y los despidos, contra la “mafia” que ha gobernado la ciudad durante 32 años o contra la represión policial llevada adelante por los Mossos y la Guardia Urbana.

Es el caso de los trabajadores y trabajadoras de Movistar, en huelga desde hace 50 días, y que propusieron el “pacto de las escaleras” a BeC, CUP y ERC para que se comprometieran a romper todos los contratos públicos con Telefónica si no atendía a sus reivindicaciones. También de muchos activistas sociales y vecinales que llevan décadas luchando contra los desahucios, la especulación y los negocios millonarios público-privados como el Congreso Mundial de Móviles o el Consorcio de la Zona Franca. Y de muchos de los jóvenes que se indignaron con el caso de “Ciutat Morta” y que esperan que desaparezcan de nuestros barrios los guardias urbanos que hostigan a la juventud y a la población inmigrante.

Podemos decir que estas “esperanzas” son la base para levantar una “agenda de las luchas”, que en muchos puntos va mucho más allá del mismo programa con el que se presentó Colau a las elecciones. Es muy posible que la distancia entre esta agenda y la “agenda de gobierno” tienda a agrandarse en adelante. Además de la propia letra del programa, los primeros gestos de la futura alcadesa sobre cómo conformar un “gobierno del cambio”, añaden razones para que buena parte de estas esperanzas terminen siendo defraudadas.

Me refiero a la búsqueda de acuerdos nada menos que con el PSC (la marca del PSOE catalán), que anunció ayer mismo Colau en su primera rueda de prensa. ¿Es posible dar respuesta a estos puntos, entre otros, de la mano de este partido? Repasemos su historial en la misma ciudad de Barcelona.

Estamos hablando del que ha sido el “padrino” por excelencia del modelo de ciudad actual. De 32 años de gobiernos municipales, 28 han correspondido a los “socialistas” catalanes. Muchos de ellos, no hay que olvidar, con la colaboración del PSUC primero e ICV-EUiA después, hoy dentro de BeC. Con lo cual la búsqueda de acuerdo con los “socialistas” no es ninguna novedad para una parte de la nueva formación. El PSC ha sido el partido precursor y gestor de los negocios mafiosos de la zona franca, de TMB, los congresos, los pelotazos urbanísticos… Acabar con la “mafia” en acuerdo con uno de los “padrinos” es sin duda un proyecto poco viable.

Fueron también los responsables del desarrollo de la Guardia Urbana, incluida la temible unidad antidisturbios (UPA). Fue el mismo PSC, en la persona de Joan Clos, quien gobernaba y estuvo detrás del montaje policial del 4F. Demandas tan sentidas, y que propone también la CUP, como la disolución de estas unidades o la investigación de las decenas de casos de tortura de la policía municipal, no pueden ser más que bloqueadas por quienes han sido unos de los responsables políticos de esta guerra de baja intensidad contra la juventud, los inmigrantes y las clases populares.

Por último, el mismo problema de la precariedad laboral. Ésta hunde sus raíces en las contra-reformas laborales aprobadas por el PSOE y el PP desde los ‘80, y constituye un pilar fundamental de la estructura del capitalismo español. En la administración pública tiene su expresión en la red de externalizaciones y subcontrataciones. En la empresa privada ocurre lo mismo muchas veces agravado, como denuncian hoy los técnicos de Movistar en huelga.

Combatirla hasta el final, pasa por poner fin a los negocios millonarios de las empresas concesionarias de servicios (lugar de retiro dorado para los ex-políticos de CiU, PP… y también el PSC) e incorporar a la plantilla municipal a todos los trabajadores hoy externalizados: basureros, jardineros, trabajadores sociales, limpieza… En el ámbito privado pasa por imponerse a las grandes empresas y poner todos los recursos necesarios para que las luchas de los trabajadores triunfen.
Un acuerdo con uno de los “padres” del modelo de precariedad laboral va en contra de combatirla, sobre todo cuando sus cúpulas tienen lazos orgánicos con los grandes consejos de administración por un lado, y por el otro, con la burocracia sindical de CCOO y UGT, que ha sido cómplice paniaguado de toda esta ofensiva, como queda demostrado hoy en la huelga de Movistar. Aunque con éstos últimos no hay que irse hasta el PSC, dentro de BeC está EUiA el brazo político de sectores de la burocracia sindical como el que traicionó la huelga de Panrico.

Se podría objetar, y seguro así lo explican los regidores de BeC, que no queda otra opción. El resultado electoral, lejos de la mayoría absoluta, obliga a buscar socios para gobernar o que apoyen las propuestas del equipo municipal.

Pero, en primer lugar y sólo por clarificar, no hay necesidad de pactos a priori en el marco de la ley electoral. Ante la retirada de Trias, Colau podría esperar sentada hasta el 13 de junio para ser proclamada alcaldesa (algo que no ocurre ni en las autonómicas ni en las generales, donde una mayoría debe votar la investidura). Pero aún se podría añadir ¿Y cómo podríamos gobernar si no logramos una acuerdo con otras fuerzas aunque deban ser el “ala izquierda” de la casta”?

Creo que a estas preguntas le responde bien el discurso de la nueva regidora de la CUP, Maria José Lecha, en la misma noche electoral, que chocaba de hecho con la concepción de cambio por medio de las instituciones y respeto de la legalidad capitalista que asume Colau y sus socios de BeC. En su valoración del resultado Lecha denunció correctamente que la “democracia institucional, que solo quiere el voto cada cuatro años, es injusta” y que si bien “entrar al ayuntamiento es una herramienta más de nuestra lucha, aunque tuviéramos una mayoría de votos en el ayuntamiento eso no sería ninguna garantía de la transformación que nosotros queremos”.

Una visión sin duda más realista de cuál es la naturaleza del Estado, también en su dimensión municipal. Para llevar adelante una ruptura con los negocios de la “mafia”, la impunidad de la casta policial y acabar con la precariedad laboral -algunos de los elementos de esa “agenda de las luchas”- es imposible con una estrategia de asunción de los marcos institucionales y legales del Régimen del ‘78. Una concepción que necesariamente lleva hoy a pactos con la “casta política” y aún si se tuviera mayoría, al respeto del andamiaje legal e institucional construido por ésta en casi cuatro décadas. Una estrategia así, y más en un ámbito municipal, sólo puede conducir a “gestionar la miseria”, como planteó la cabeza de lista de la CUP.

Para conquistar esta “agenda de las luchas” y el poder resolver realmente las grandes demandas democráticas y sociales que se vienen expresando en la calle desde 2011, será necesario seguir desarrollando la organización y movilización social, con la clase trabajadora al frente. Esto no rechaza la lucha por conquistar posiciones en las instituciones, pero no para una gestión respetuosa como se propone Colau, sino para ponerlas las mismas al servicio de las luchas y su desarrollo, para poder imponer sus demandas sobre las ruinas del actual régimen. En este sentido, comparto el espíritu de las declaraciones de Lecha cuando plateaba que la lucha es mucho más que votar cada cuatro años y que la clave era “movilizarnos y salir a la calle cada día, como ahora tenemos el ejemplo de los compañeros y compañeras de Movistar o los acomodadores del auditorio”.

En Barcelona se abren grandes retos para las movilizaciones obreras y populares, y también para la izquierda que se reivindica anticapitalista. Por un lado las ilusiones en el nuevo gobierno municipal deben transformarse en una potente movilización social que salga a imponer la “agenda de las luchas”. Hay que exigir que no se realice ningún pacto con la “casta” y pelear por que las demandas de la juventud, los trabajadores y sectores populares se impongan y defiendan desde la movilización social.

La única forma de que estas demandas no queden en papel mojado pasará por seguir peleándolas hasta conseguir la disolución de todos los consejos de administración de los grandes negocios público-privados de la ciudad, la puesta de la zona franca, los transportes y todos los servicios bajo el control de comités de trabajadores y usuarios, por el fin de la UPA, la investigación, juicio y castigo a todos los represores de la urbana, el fin de las externalizaciones y subcontratas municipales, el combate contra la precariedad y los despidos, la prohibición de los desahucios.

Que el futuro equipo municipal asuma esta “agenda” es realmente difícil atendiendo al programa y su estrategia de BeC, y menos si se sostiene en un pacto con el PSC o ERC. Pero no es imposible que se le pueda imponer con la movilización. En esta tarea la existencia de tres regidores de la CUP puede ser un buen punto de apoyo. La campaña electoral que han realizado ha tenido elementos muy valiosos en torno al apoyo a la huelga más importante del momento, la de los técnicos de Movistar. Creo que este sector de la izquierda anticapitalista tiene el reto por delante de poder poner sus posiciones en el ayuntamiento al servicio de las luchas obreras y populares, para que se potencien y se evite un efecto pasivizador por la “ilusión” en el cambio institucional.

Igualmente, su ascenso electoral es una buena oportunidad para plantear una alternativa de clase en el proceso soberanista. El impasse y crisis que vive el proceso es, sobre todo, fruto de haber estado dirigido por CiU al frente de un bloque de unidad nacional. En estos casi tres años la CUP ha tenido una política de mano tendida en lo nacional hacia CiU, tal y como la definió David Fernández en su discurso de investidura de 2012, que ha implicado la subordinar la lucha de clases al frente nacional con CiU. Estos tres años demuestran, para quien no lo veía hasta ahora, que una mano extendida en lo nacional hacia el partido de la burguesía catalana no conduce más que a la consolidación del desgaste y el desvío del mismo proceso. Es una buena oportunidad para que la CUP rompa ese bloque nacional dirigido por la casta convergente y levantar así una alternativa rupturista y de independencia de clase, tanto en el plano de la lucha por el derecho a decidir como de la transformación social.

Muchos analistas periodísticos y de la izquierda han hablado estos días de Barcelona como “capital del cambio”. Sin duda la capital catalana se convierte en un escenario central que pondrá a prueba a los nuevos proyectos políticos de regeneración democrática y políticas redistributivas. Pero lo más interesante para quienes apostamos por una salida revolucionaria a la crisis del Régimen del ‘78 es que el “laboratorio barceloní” puede ser un escenario propicio para que la experiencia con estos fenómenos pueda conllevar el desarrollo de la organización y movilización social y la emergencia de un espacio político rupturista en lo político y lo social. En este terreno la pelota está hoy en el tejado de la izquierda anticapitalista, especialmente en el de la CUP.