Si ha habido una lucha que ha impactado en los últimos meses en el Estado Español, e incluso podemos decir, a nivel internacional, es la lucha protagonizada por los mineros. Una lucha heroica, de 65 días de huelga indefinida.
Un ataque calculado
Todo empieza en el mes de mayo cuando el gobierno del PP decide lanzar un ataque categórico contra la minería española. Esta ya llevaba un proceso histórico de desmantelamiento continuado. Recordemos, por ejemplo, en los años ‘80, la reconversión industrial de la época del Gobierno de Felipe González que supuso el cierre de las de la mitad de las minas existentes. Incluso las direcciones sindicales mineras, junto con la patronal minera, ya habían aceptado un plan de cierre gradual basado en la reconversión industrial de las comarcas y trabajadores que viven de la minería, para que en el 2018 no quedara prácticamente minería en el Estado Español.
Sin embargo, ahora lo que se estaba planteando era el cierre inmediato de la mayoría de las minas, como consecuencia del retiro de las subvenciones al sector, por las que se mantiene actualmente la minería. Lo que quería el Gobierno era que a finales de este año 2012, las minas “no rentables”, es decir casi su totalidad, estuvieran cerradas sin ese periodo transicional hasta 2018 pactado con la promesa de buscar nuevos sectores productivos que dieran cabida a los que hoy en día viven de la minería. Una promesa de dudoso cumplimiento, sobre todo si miramos el resto de regiones cuya industria minera, sidero-metalúrgica o naval se ha ido reconvirtiendo en las últimas décadas, y que hoy forman parte de las regiones del país más deprimidas económicamente y con mayores tasas de desempleo.
El aceleramiento del cierre de las minas era una decisión política impuesta en parte por el imperialismo alemán, que quiere quitarle a su propio sector capitalista minero la competencia de la minería del sur de Europa, pero también por parte del Gobierno español fue una política consciente de atacar e intentar derrotar a un sector emblemático de la clase obrera, incluso a riesgo de irse de la relación de fuerzas; es decir, una “lucha de clases”, en el sentido más clásico del término. Decimos que no fue una decisión económica, ya que las ayudas al carbón solo suponen unos 300 millones de euros; cantidad casi insignificante para el cumplimiento del objetivo de reducir déficit, la principal excusa enarbolada por el Gobierno.
La respuesta obrera: huelga indefinida y Marcha Minera
Como vemos el ataque del gobierno era a “vida o muerte”, es decir, lo que estaba planteado para los mineros era su propia supervivencia, la de sus familias y la de las comarcas mineras en lo inmediato. El ataque era excepcional, y la respuesta también debía serlo. Los mineros respondieron con una gran lucha, heroica, con una gran voluntad de combate, que se expresó en el acatamiento de la huelga indefinida durante más de dos meses y con acciones y métodos radicalizados como: cortes de carretera, duros enfrentamientos con la Guardia Civil, encierros en las minas, encierros de las mujeres de los mineros, etc., que les ha hizo ganarse la solidaridad de amplios sectores de la sociedad.
El ejemplo más claro de esto fue el recibimiento multitudinario, de miles de personas llegadas de todos los rincones del Estado, a la “Marcha Negra Minera”, que tras varias semanas de marcha a pie desde Asturias, León, Ciudad Real y Teruel, llegó a Madrid el pasado 10 de julio. Los gritos en la llegada a Madrid durante la noche y en la manifestación del día siguiente, como ¡Madrid entera se ha vuelto minera!, o ¡Que sí nos representan!, son una muestra emotiva del gran caudal de solidaridad que arropó a los mineros.
La política de las direcciones sindicales y el fin de la huelga
Sin embargo, la voluntad de lucha de los mineros, sus métodos y su vocación de unidad obrera y popular como embrionariamente tendieron a plantear en algunas localidades, así como el impacto de la lucha minera en la juventud y otros sectores del movimiento obrero, no fue acompañada por una política para vencer por parte de sus direcciones sindicales.
Si esta actitud se vio durante toda la huelga, aún más se manifestó tras la llegada a Madrid. El impresionante éxito de la Marcha marcaba el momento de pasar a medidas más ofensivas: generalizar la lucha, organizar la caja de resistencia, llamar a la coordinación y la huelga general estatal de apoyo y jugarse a torcerle el brazo al Gobierno. Pero la política de la burocracia sindical fue la opuesta. Temerosa de las tempestades que pudieran desencadenar un llamamiento a pasar a la ofensiva y radicalizar el conflicto, comenzó a “retroceder ordenadamente”… ya lo hizo en la manifestación el día siguiente en Madrid, con su actitud frente a la represión policial que fue humillante para los propios mineros. Así, sin dejar de bailar al son de reuniones con el Gobierno que nunca llegaron a nada y aprovechando el cansancio, la burocracia empezó a plantear medidas simbólicas (recogidas de firmas, protestas en los pueblos contra los concejales del PP, etc.), contra las medidas más duras (cortes de carreteras, vías férreas y accesos a centrales térmicas), al mismo tiempo que impulsaba asambleas por empresas para dividir el conflicto desde adentro, apoyándose en los sectores más desmoralizados que querían levantar incluso desde antes.
Lo ocurrido no es más que la consecuencia lógica de un planteamiento mal dirigido desde el principio por las direcciones sindicales. Si bien la táctica de “huelga indefinida” podía ser correcta, con el objetivo de evitar el cierre cortando el suministro de carbón a las térmicas y hacer retroceder al gobierno, ésta sin embargo no estuvo acompañada de una política para fortalecer, nacionalizar y generalizar el conflicto, la única manera de derrotar a un Gobierno que no estaba dispuesto a retroceder y con su ataque al movimiento minero siempre tuvo el objetivo de dar una lección al conjunto de la clase trabajadora.
Una política así no podía llevar más que a un “callejón sin salida” que obligara pasado un tiempo a poner fin a la misma debido al cansancio y al gran desgaste físico y sobre todo económico de los mineros y sus familias, acumulado tras 65 días de huelga.
Esta política de fortalecimiento de la huelga, como hemos dicho, consistía en toda una serie de acciones que son parte de la tradición de lucha del movimiento obrero español, y van desde algunas elementales como la creación de una caja de resistencia estatal, que permitiría aguantar económicamente tantos días sin recibir el salario -algo que la burocracia sindical dejó completamente de lado desde el inicio de la lucha-, hasta el llamamiento a una huelga general de solidaridad del resto de la clase obrera para que triunfe la lucha minera, pasando por la unión de los mineros con todos los sectores que en la industria y el sector público estaban encarando despidos y recortes, el movimiento estudiantil, etc.
Desgraciadamente, la burocracia sindical de UGT y CCOO que dirigió la huelga no tuvo el mismo carácter combativo, de lucha y “de clase” que el resto de los mineros. Al contrario, las medidas de lucha se lanzaron manteniendo un acuerdo implícito de “unidad de acción” con la propia patronal minera, asumiendo sus reivindicaciones y haciendo pasar que sus intereses y los de los trabajadores eran los mismos.
¿Cómo ir “de la mano” con los mismos empresarios que les hacen trabajar en las condiciones más duras y llevan años viviendo de las ayudas públicas, ayudas que solo han servido para llenarse los bolsillos, y no para modernizar las minas y mejorar los salarios, dándose incluso muchas casos de impagos de los mismos? Si, lamentablemente las direcciones de UGT y CCOO, ataron la suerte de los mineros al destino de los empresarios, en vez de confiar en la fuerza de los trabajadores y plantear un plan de lucha obrero independiente del Estado y de los capitalistas, como la nacionalización de las minas bajo control obrero.
Por todas estas causas, tras 65 días de huelga indefinida, ésta fue levantada a principios de agosto por la burocracia sindical con el argumento de que era un simple “parón” para coger fuerzas y volver en septiembre, una forma de justificar una política claudicante.
El (pequeño) papel de la izquierda sindical y política
Si malo ha sido el papel de la burocracia sindical de UGT y CCOO que dirigió la huelga minera, el papel jugado por la llamada “izquierda sindical y política” -principalmente del sindicato más fuerte y prácticamente el único con implantación en todo el Estado, la CGT- tampoco estuvo a la altura de plantear una alternativa para el conflicto.
Con su peso relativo en todo el Estado, la CGT podría haber planteado una campaña nacional de apoyo a la lucha, llamando acciones de solidaridad, organizando una caja de resistencia, etc.; lo que hubiera significado un enorme espaldarazo a la lucha y una referencia para los sectores más combativos de los mineros, que sabiendo que sus direcciones les llevaban a la derrota podrían haber visto una alternativa para seguir. En lugar de esto mantuvo una política entre “sectaria” -por ser una lucha “de CCOO y UGT”- y de “apoyo pasivo”, sin involucrase mucho en el conflicto más que con un apoyo simbólico y testimonial.
El papel de la izquierda política, sobre todo de lo que denominamos “centrismo”, la izquierda llamada anticapitalista, también ha consistido solo en apoyos simbólicos a la lucha sin hacer ningún tipo de crítica a la política traidora de las direcciones sindicales que dirigían la lucha, ni tampoco exigencias a la izquierda sindical para que se pusiera a la altura de las circunstancias.
Balance y perspectivas de un primer embate
Debido al levantamiento de la huelga y al gran desgaste sufrido, el resultado de la misma se puede calificar de una “derrota parcial”. Decimos que es una derrota porque el objetivo principal de la misma, que era frenar la eliminación de las ayudas del carbón para este año, no se ha conseguido. Sin embargo, esta es “parcial”, porque a pesar del rol de sus direcciones, la lucha minera ha conseguido frenar “momentáneamente” la idea inicial del gobierno, que era el cierre de casi toda la minería para finales de este año.
A pesar de esto, en las minas ya se están produciendo despidos de los sectores más precarizados como las subcontratas, etc., y en algunas empresas ya se están dando problemas de cobro de las nóminas. Es que no solo el Gobierno, sino también la patronal, está ahora más envalentonada que el julio.
Entre los mineros, si bien no hay una sensación generalizada de derrota y el conflicto sigue abierto, las condiciones en que se debe re-emprender la lucha están signadas por el resultado del primer embate y las consecuencias de la política de la burocracia sindical, que ha roto la unidad y quiere seguir ampliando brechas y quitando ánimos de combate.
Sin embargo ya empiezan a verse nuevos combates de los mineros. Un claro ejemplo de esto es el caso de las minas pertenecientes al conglomerado de empresas de Victorino Alonso, conocido ya por sus continuos ataques laborales y salariales a los trabajadores; donde debido a estos problemas de cobro se ha reactivado el conflicto y se están produciendo paros parciales en la comarca del “Bierzo”, que hace que actualmente entre Asturias y León ya haya mas de 2100 mineros en huelga.
Además las mujeres mineras, al igual que hicieron durante la huelga indefinida, están dado un ejemplo de coraje y lucha con acciones como el corte de la entrada a la central térmica de la zona.
Estas acciones, aunque todavía aisladas, al igual que otros ejemplos internacionales como la lucha de los mineros en la isla italiana de Cerdeña o en Sudáfrica, así como la extensión de conflictos laborales de otros sectores de las comarcas mineras, puede hacer que la lucha se vaya reactivando. Esta sin embargo, no puede quedarse en conflictos aislados por empresa, sino que deber ser tomado de nuevo como una lucha general a nivel estatal.
¡Comités de Huelga y Plan de Lucha Estatal por la Nacionalización de las minas bajo control obrero!
Para que la lucha minera resurja con fuerza –a pesar del desgaste acumulado de la huelga– y mantenga su espíritu combativo, es necesario que los mineros se libren de la “tutela de la burocracia sindical” que les imponía una unidad sin principios con la patronal. Para ello, es necesario que el conflicto sea dirigido por organismos de lucha organizados desde las bases, que elijan democráticamente un comité de huelga representativo que levante unas reivindicaciones independientes de la patronal.
Un organismo así puede plantearse el objetivo de llamar a un plan de lucha estatal y proponer un programa de salida a la crisis del sector minero que sea a favor de los trabajadores y la población pobre de las comarcas: la ¡Nacionalización de las minas bajo control obrero! Pensamos que solo de esta forma, librándose del control patronal, con la ayuda pública, pero controlada por los propios trabajadores, los trabajadores y habitantes de las cuencas mineras en el Estado Español pueden tener un futuro.
Al mismo tiempo, es necesario que la lucha se unifique con otros sectores que ya se han movilizado y seguirán movilizándose, como educación, sanidad, etc., coordinándose con el conjunto de la clase trabajadora que va a tener que salir a la calle con fuerza para poder frenar los duros ataques del gobierno de Rajoy.
Los militantes de Clase contra Clase y de la Agrupación Revolucionaria No Pasarán hemos apoyado y seguiremos apoyando incondicionalmente esta lucha. Con nuestras limitadas fuerzas llamamos a la solidaridad, nos movilizamos juntos a los mineros y organizamos acciones de solidaridad en Madrid, Zaragoza y Barcelona, planteando un programa alternativo para el triunfo de la lucha. Hoy más que nunca es necesario redoblar el apoyo a los mineros para que continúen su lucha. Si triunfan los mineros, triunfamos tod@s.