Acuerdo antiterrorista PP-PSOE: un pacto de estado que vulnera aún más libertades democráticas
El presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, y el secretario general del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, firmaron este lunes un “pacto de estado contra el terrorismo”. Diputados de la oposición denunciaron que este pacto vulnerará aún más las libertades democráticas.
Las portadas de los principales periódicos españoles dieron un lugar destacado al pacto entre Rajoy y Sánchez. El País tituló: «El PSOE y el PP logran el primer pacto de Estado con el yihadismo», mientras el derechista ABC, “El Estado se blinda contra el yihadismo”. El Mundo eligió “Rajoy y Sanchez, juntos contra el yihadismo”, mientras La Razón quiso destacar lo que vio como un intento del PSOE de alejarse de Podemos, diciendo: “Sanchez rectifica y firma con Rajoy el pacto contra el yihadismo”. La Vanguardia tituló: “Rajoy y Sanchez firman su primer pacto de Estado.”
La fotografía de los dos dirigentes “con responsabilidad de estado” también fue saludada en los editoriales de los principales diarios españoles. Para El País, por citar a uno de ellos, se trató de un pacto “En defensa de la libertad”.
El acuerdo consta de una declaración de unidad y ocho puntos a desarrollar en el futuro. En lo práctico, implica la presentación conjunta de un proyecto de Ley con medidas de mayor penalización y control “contra el terrorismo.” Entre ellas se incluyen controles a internet, control de las redes de financiación de presuntas redes terroristas, la penalización del adiestramiento y el adoctrinamiento y una respuesta los llamados “lobos solitarios”, entre otras.
Una de las medidas propuestas que generó más polémica fue la inclusión de la “prisión perpetua revisable” («la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal»), a la que el PSOE se oponía, pero el PP no quería dejar de incluir.
El Partido Popular (PP) incluyó la “prisión permanente revisable” o cadena perpetua de facto en la reforma del Código Penal, que aprobó con mayoría propia el pasado 21 de enero.
Para no impedir el pacto, Rajoy y Sánchez encontraron una “fórmula de consenso” que incluye la necesidad de aplicar a los considerados terroristas «la mayor pena posible» pero sin mencionarla directamente. Sanchez dijo que de este modo el PSOE se compromete a derogar esta pena una vez que llegue al poder, pero sin romper por eso el pacto.
Tras la firma del acuerdo, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció en Barcelona su disposición a firmar nuevos pactos de Estado con Mariano Rajoy. «Me gustaría que hubiese más acuerdos de fondo como el que hemos firmado para luchar contra el terrorismo», dijo durante una conferencia impartida en el Círculo de Economía.
El presidente del Gobierno, por su parte, señaló que PP y PSOE «Somos una sola fuerza cuando se trata de defender lo que más queremos», insistiendo en la importancia de la unión entre socialistas y conservadores. «El terrorismo se transforma pero la unidad se mantiene», agregó, en referencia a anteriores pactos antiterroristas acordados entre ambas fuerzas en años anteriores (este es el cuarto).
El socialista y expresidente del Gobierno, Felipe González, también se refirió al acuerdo defendiéndolo como «ejercicio de responsabilidad» ante un eventual atentado.
Según González, los mismos que ahora critican el pacto, si se produjera un «atentado terrible», pedirían «unidad» a las fuerzas políticas, dijo al término de un foro sobre empleo organizado por la Cadena Ser.
El expresidente se refirió también a la “prisión permanente revisable”, un castigo que, en su opinión, «no es en absoluto necesario». Sin embargo, al igual que Sánchez, defendió que eso no podía impedir el acuerdo.
Redefinición del concepto de “terrorismo” y nuevo ataque a las libertades democráticas.
En la propuesta de Ley planteada hay una redefinición del concepto de “terrorismo”. Se proponen modificar el artículo 573 del Código Penal, para considerar “terrorismo” de forma más amplia:
1. “Se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, atentado, desórdenes públicos, tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones y explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevara a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades:
1º) Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.
2º) Alterar gravemente la paz pública.
3º) Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.
4º) Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.”
También se incluyen los llamados «delitos informáticos», que serán considerados “acciones terroristas” si se realizan con las finalidades anteriores.
Es decir, que según la nueva normativa que busca aprobarse y la ampliación del concepto de “terrorismo” que el PP-PSOE pretende aprobar en el Congreso, infinidad de acciones de lucha protagonizadas diariamente por trabajadores y sectores populares azotados por la crisis, serán consideradas “acciones terroristas”.
A poco de conocerse el pacto, el Bufet Almeida, un bufete de abogados especializado en el “asesoramiento y defensa legal de ciudadanos, empresas y movimientos sociales en relación con Internet y las nuevas tecnologías: ciberactivismo, ciberderechos y ciberdelitos”, daba a conocer desde su cuenta de Twitter varios ejemplos de situaciones que podrían ser consideradas “actos terroristas” de aprobarse el nuevo proyecto de Ley.
Entre otros ejemplos, se citan la participación en manifestaciones para evitar desahucios, cualquier desorden público o delito informático con fines políticos, cualquier tipo de ciberactivismo que denuncie al poder político o convoque a manifestaciones callejeras, cualquier ataque de denegación de servicio contra la web de la Junta Electoral o de un organismo público, la filtración de información confidencial de los partidos en el poder, entre otros ejemplos… hasta un envío masivo de correos a los diputados que pueda paralizar el servidor del Congreso de los Diputados.
Ni hablar si nos refiriésemos a acciones de lucha contundentes protagonizadas por colectivos de trabajadores, como pueden ser cortes de carreteras, ocupación de empresas, etc.
El Pacto prevé asimismo penalizar “el uso de las redes de comunicación y tecnologías de la información” con fines de “captación y adiestramiento de terroristas, incluido el adiestramiento pasivo”. Una definición tan amplia que podría implicar la persecución de casi cualquiera que visitara sitios supuestamente relacionados con organizaciones catalogadas como terroristas. Como dice irónicamente un periodista en un blog de Publico, “¿Qué considerarán “adiestramiento pasivo”, que un ciudadano quiera ver qué técnicas o redes sociales utilizan los yihadistas? La subjetividad podría castigar la legítima curiosidad del panadero de nuestro barrio y declararle peligroso terrorista.”
El texto habla del Pacto entre el PP y el PSOE habla de “la defensa de la libertad es asimismo expresión y referencia del pluralismo de cualquier sociedad democrática”. Pero al contrario, el pacto implica vulnerar aún más las libertades democráticas en el Estado español.
Aprovechando el clima reaccionario generado tras los atentado de París a principios de enero, el pacto del PP y PSOE, acompañado de un nuevo proyecto de Ley, es continuidad de la antidemocrática “Ley Mordaza ” que el PP aprobó en solitario hace dos meses. Solo que este nuevo ataque a las libertades democráticas cuenta con el pleno apoyo de la “oposición” socialista.
Entre algunas de las críticas al Pacto que se conocieron este martes, el diputado y portavoz de Amaiur Xabier Mikel Errekondo ha afirmado que el pacto antiterrorista alcanzado este pasado lunes entre PP y PSOE es, en realidad, «un pacto anticiudadanía» que «profundiza en la involución democrática que está llevando a cabo el Estado español».
