Cifuentes amplía la Ley de identidad de género sin escuchar a las asociaciones LGTBI
Cristina Cifuentes, la misma que reprime a la juventud luchadora de Madrid y ahora presidenta de la Comunidad de Madrid, presentó el martes en el Consejo de Gobierno un anteproyecto de Ley de Protección contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.
En 2007, el Gobierno de Zapatero aprobaba la Ley de Identidad de Género por la que las personas trans podían cambiar el nombre y sexo en su DNI sin necesidad de operarse ni de un procedimiento judicial. Pero sí era necesario que se le hubiera “diagnosticado disforia de género” y estar en tratamiento hormonal durante al menos dos años.
La ley de 2007 generó mucho conflicto ya que las personas trans tenían que ir al psiquiatra para que les diagnosticaran una trastorno de “disforia”, algo totalmente discriminatorio que no tiene en cuenta las múltiples formas en las que las personas trans construyen su identidad y sexualidad.
El mantenimiento de la “transexualidad” en los manuales de psiquiatría patologiza y discrimina a los hombres y mujeres trans, obligándoles a pasar por un largo proceso de cuestionamientos y obstáculos. Estos se imponen en la consideración heteronormativa del proceso de transición, desde las instituciones y clínicas, encargadas de “diagnosticar” si realmente se trata o no de una persona transexual.
El anteproyecto que ahora presenta el Ejecutivo de Cifuentes preve extender los recursos actuales de asistencia a víctimas de violencia de género y trata también a todas las mujeres transexuales.
Según Cifuentes, el objetivo es sentar “las condiciones para facilitar la igualdad e impulsar medidas para luchar contra la discriminación de las personas por motivo de su orientación sexual” De aprobarse el anteproyecto sería un avance importante, pese a no acabar con la patologización de la transexualidad.
Supondría novedades como un régimen sancionador para aquellas administraciones que transgredan los derechos de las personas transexuales, intersexuales y transgénero, con una multa máxima de 45.000 euros; la introducción de medidas para favorecer la integración laboral; protocolos contra el bullying transfóbico; la incorporación de la discriminación LGTBI al Observatorio del Racismo y la Intolerancia; y en los casos que un equipo profesional lo crea conveniente, el suministro de inhibidores hormonales a menores como paso previo a la reasignación de sexo.
Sin embargo, desde diferentes colectivos sociales y políticos se denuncia la parcialidad y la demagogia de la propuesta de Cifuentes.
La oposición del anteproyecto: PSOE, Podemos y Ciudadanos
El Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid denuncia que Cifuentes lo único que ha hecho es “ningunear” a los colectivos LGTBI al no tenerles en cuenta a la hora de redactar el anteproyecto.
El Grupo de Trabajo formado por PSOE, Podemos y Ciudadanos –cuyo líder Albert Rivera defiende el matrimonio entre personas del mismo sexo siempre y cuando no se llame matrimonio-, afirma estar trabajando en un proyecto alternativo con las organizaciones LGTBI. Según Carla Antonelli (PSOE) “de ninguna manera vamos a aceptar ni a admitir un texto que no sea idéntico al trabajo de los colectivos”.
En COGAM (Colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid) también se sorprenden al ver que la Comunidad de Madrid ha presentado este proyecto sin contar con las asociaciones LGTBI, como declara su presidente Jesús Grande.
Además, desde Chrysallis Madrid –colectivo específico de personas trans que participa en el Grupo de Trabajo- afirman que no saben en qué se ha basado el PP para redactar este borrador, puesto que en ningún momento ha establecido diálogo con los colectivos LGTBI, ni ha escuchado las reivindicaciones específicas del colectivo trans. «La infancia y adolescencia trans, los hombres y mujeres trans adultas, las peticiones de primera mano no van a ser escuchadas, una vez más», denuncian desde este colectivo.
El ADN lgtbfóbico del PP
En 2014 el PP vetó una proposición de la Comisión de Igualdad para promover una ley integral que introdujera mejoras en la Ley de Identidad de Género, como medidas de inserción laboral, el amparo a menores, despatologización de la transexualidad y la penalización de la transfobia.
Añadamos las diferentes declaraciones de políticos del PP, como las del Lluís Caldeteny, Alcalde de Pontons (Barcelona) que aseguraba que “los maricones no deben casarse. La homosexualidad es una anomalía”, o las de Andrea Hermina, de Nuevas Generación del PP, que declaró que los homosexuales solo se hacen “daño a sí mismos” y que “están enfermos”; la comparación de la bandera arcoíris con la bandera nazi por parte del alcalde popular de Villaconejos (Madrid) o las agresiones homófobas de la alcaldesa del PP Montserrat Hernández que amenazó en múltiples ocasiones con pegar a parejas homosexuales. Y así tendremos una muestra sobrada del doble discurso hipócrita del PP.
Lo que está claro es que este anteproyecto de ley no surge de la iniciativa del PP ni de otro partido político del régimen, sino de la lucha y la presión del movimiento LGTBI.
Aunque esta ley tenga elementos muy progresivos para la situación de las personas trans, no podemos olvidar que es una medida parcial y demagógica, hecha en año electoral, y sin contar con el colectivo LGTBI.
Las asociaciones LGTBI llevan años denunciando el acoso, la discriminación y la violencia hacia las personas trans, algo que era desoído. Los ataques contra el colectivo LGTBI que el PP lleva haciendo desde hace años –no olvidemos que en 2005 intentó tirar abajo la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo- chocan con este intento de maquillaje hipócrita.
Para que la ley planteada sea verdaderamente efectiva habría que asegurar trabajo y condiciones laborales dignas para todas las personas trans con el objetivo de acabar con la discriminación y asegurar su plena integración laboral. Algo que no pueden llevar a cabo los partidos de este régimen, y menos contando con que partidos como PSOE y PP implantaron reformas laborales que no solo aumentaron el número de paro y precariedad en el conjunto de la clase trabajadora, si no que dejaron en una situación de mayor vulnerabilidad a las personas trans.
