Elecciones 26J: El único cambio posible es enfrentando al Régimen y a la Troika con la lucha de clases

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Las elecciones del 26J ponen al desnudo la persistencia de la crisis del Régimen del 78. La incapacidad de los grandes partidos del Régimen de formar gobierno y la irremediable convocatoria a una segunda vuelta electoral, demuestran que la crisis del régimen político fundado en la Transición sigue más presente que nunca.

Los efectos de la crisis económica sobre los trabajadores y las clases populares, combinados con una política de rescates millonarios a la banca y los grandes capitalistas, los mayores recortes sociales desde la Dictadura y una andanada de escándalos de corrupción en las altas esferas políticas, desnudaron a ojos de millones el carácter de esta democracia para ricos. El lema con el que nació el 15M, “no somos mercancía en manos de políticos y banqueros”, sintetizaba la profunda crisis de representación abierta de 2011 en adelante.

Pero desde el 15M a esta parte, el Régimen del 78 y sus diferentes agentes no se han quedado de brazos cruzados y vienen haciendo todos los esfuerzos posibles para bloquear -unos- o “reconducir” -otros- esta crisis hacia algún tipo de “autorreforma” o segunda Transición.  Si la crisis del régimen no se ha profundizado, no se debe sólo a la capacidad de resistencia de sus principales pilares como la Corona o el bipartidismo, a pesar de su descrédito, sino también al rol de las burocracias sindicales que han trabajado incansablemente para evitar que la clase trabajadora pudiera intervenir en esta crisis con sus propios métodos de lucha contribuyendo al reflujo de la lucha de clases.

Sobre este proceso de pasivización social se asentó el auge de los nuevos proyectos reformistas, que ayudaron a asentar la idea de que la movilización no era el camino y que este pasaba por intentar ocupar espacios institucionales. Es decir, una nueva transición dentro de las reglas del juego del sistema capitalista y los límites y mecanismos del mismo régimen político. Este es el marco en el que vamos nuevamente a elecciones este 26 de junio.

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El bipartidismo español está tocado, y lo seguirá estando independientemente del veredicto que dicten las urnas el 26J. En el interregno de seis meses que separan al 20D y el 26J, los dos pilares del bipartidismo (PP y PSOE), han profundizado su decadencia política. Pero todavía no están hundidos.

El Partido Popular, aunque sigue acumulando escándalos de corrupción (en Madrid, Valencia o Murcia), que se suman a las ya conocidas antes del 20D, ha logrado un nuevo round electoral. Aunque en una profunda crisis, la caverna resiste y se postula como el partido del orden constitucional y la estabilidad para los negocios capitalistas. Sueña con que las nuevas elecciones abran espacio a un acuerdo con Ciudadanos o, si fuera necesario, incluso a rediscutir las posibilidades de una “gran coalición” con el PSOE. Cuenta para ello con una sólida base social conservadora, azuzada con el perfil identitario españolista, los peligros “chavistas” de Podemos y la demagogia en torno a las ridículas cifras de recuperación económica.

El PSOE de Pedro Sánchez llega al 26J con el desgaste del fracaso de las negociaciones con Podemos (a pesar de las infinitas concesiones que hizo la formación de Iglesias) y el fiasco de su acuerdo con Ciudadanos, un pacto que se propuso como el “Plan B” de la banca y el gran capital ante la imposibilidad de un nuevo gobierno del PP. Esta orientación demostró que en lo esencial Sánchez se subordinó a los “barones”, aunque la crisis interna del PSOE continúa y estos siguen pidiendo su cabeza. Sólo las exigencias de la campaña y, sobre todo, la imputación de dos de sus principales barones, Cháves y Griñán (ex-presidentes andaluces, ex-ministros y padrinos de nada menos que Susana Díaz), le han otorgado una frágil tregua. Pero a pesar de todo, el PSOE sigue en carrera. No sólo porque todavía mantiene una porción de voto fiel en sectores más conservadores de la clase trabajadora y las clases medias, sino porque el propio cambio de discurso de Podemos e Izquierda Unida hacia los social-liberales le han ayudado a intentar mantenerse.

En cuanto a Ciudadanos, el “Podemos de derechas” que demandaba el presidente del banco Sabadell en 2014, ya ha quedado instalado en el mapa político. Este engendro político, aupado por El País y el IBEX35, ha jugado un papel importante en los meses de negociaciones. Junto al PP y al PSOE, espera servir de dique conservador para determinar las líneas rojas que cualquier intento de restauración del régimen no debe cruzar. Se presenta como el “socio responsable” de lo viejo para poder realizar el cambio más “gatopardista” posible.

Pero más allá de los matices en su discurso político, todos han demostrado con creces que no son más que fracciones de un único partido del establishment, los bancos y el capitalismo imperialista español, y a pesar de la crisis del régimen y el sistema de partidos, aún no han terminado de hundirse.

Por ello, que tanto el PP como el PSOE vayan a sobrevivirse a sí mismo (incluso si hay “sorpaso” en la “izquierda”) es una muy buena noticia para el Régimen del 78. Dos de sus más fieles representantes, a quienes se suma la nueva derecha cool de Ciudadanos, contarán con buenas posiciones para condicionar al máximo en clave conservadora todo proyecto de regeneración del régimen político.

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Si el 26J se presenta como más de lo mismo, lo más novedoso es la coalición electoral entre Podemos e Izquierda Unida. Motivos no faltaron para que se selle este “matrimonio por conveniencia”. Podemos venía de capa caída en las encuestas e IU, que venía creciendo, no alcanzaba por sí sola a ser una alternativa electoral de peso frente a la maquinaria morada.

La candidatura “Unidos Podemos” ya ha generado un importante entusiasmo entre amplios sectores de trabajadores y sectores populares que apuestan sinceramente por una salida “de izquierda”. Sin embargo, el acuerdo programático de 50 puntos de la coalición no tiene nada de nuevo: viene a consumar el acelerado proceso de moderación que operó en Podemos en el último período, al que IU se ha sumado sin chistar.

En la recta final de negociación con el PSOE vimos como Iglesias, con Garzón en una segunda línea sin cuestionar nada, entregaba a Pedro Sánchez puntos tan sensibles como la derogación de la reforma laboral de 2010, el pensionazo o el copago farmacéutico. Antes habían abandonado demandas de su programa como una moderada restructuración de la deuda o las nacionalizaciones de sectores estratégicos, y ahora con el acuerdo de cara al 26J, Izquierda Unida se suma a la renuncia de la lucha contra la Monarquía o la salida de la OTAN.

Las tibias promesas sociales y medidas redistributivas que propone “Unidos Podemos” se hayan subordinadas a futuras negociaciones con la Troika y el pago de la deuda, mientras que las medidas de mayor calado como la defensa de un referéndum en Catalunya quedan supeditadas a un acuerdo en las Cortes y al respeto de la institucionalidad de la reaccionaria Constitución del 78. Una verdadera impostura.

Pero tampoco tiene nada de nuevo la estrategia que trasciende el acuerdo: seguir tendiendo la mano a los social-liberales del PSOE para formar un “gobierno de progreso”. Es decir, un gobierno con un partido que ha sido aplicador de duros recortes y ajustes neoliberales contra el pueblo trabajador, uno de los pilares fundamentales del régimen político español desde 1978 y representante de la corrupta “casta política”.

Una política opuesta por el vértice a la situación que se vive actualmente en Francia, donde la clase trabajadora, las mujeres y la juventud paralizan las fábricas, las empresas y las carreteras, y enfrentan en las calles la nueva Reforma Laboral y la represión del gobierno del “socialista” Hollande.

La estrategia neorreformista de Podemos e IU y su propuesta de un “gobierno del cambio” con el PSOE, estimula una regeneración política burguesa del decadente Régimen del ‘78, llamando a depositar ilusiones en que algún tipo de “cambio” es posible de la mano de este partido social liberal. Una estrategia que conduce inexorablemente a reeditar la vieja experiencia de la socialdemocracia, presentada como la única alternativa posible, el “mal menor”. Toda una consumación de la devaluación de las ilusiones que emergieron desde el 15M en adelante.

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Las experiencias municipalistas del nuevo reformismo son el ejemplo más contundente de cuáles son los límites de este proyecto político que tiene muy poco de nuevo. Se trata de una redición senil de los gobiernos de coalición, o con apoyo parlamentario, entre los social-liberales y la izquierda reformista que hasta ahora representaba IU. Experiencias como el Tripartit catalán o el gobierno PSOE-IU en Andalucía, de las que los trabajadores, la juventud y los inmigrantes solo podemos esperar un continuismo con las políticas de respeto a los intereses de los grandes capitalistas, la postergación de la solución de los grandes problemas sociales y hasta el recrudecimiento del pago de la crisis por los “de abajo” si así lo demanda la Troika o el Círculo de Economía.

Si en las europeas de 2014 y las municipales y autonómicas del 2015 la denuncia de la “casta”, las “puertas giratorias” o la “mafia” -como tildaba Ada Colau a quienes habían gobernado la ciudad en las décadas pasadas- fue uno de los ejes discursivos, en las generales de 2016 prima la defensa del acuerdo con la pata izquierda del viejo bipartidismo. Y así lo estamos viendo en la arena municipal. Las candidaturas del cambio vienen trabajando en lograr acuerdos con los social-liberales con bastante éxito. La plaza más avanzada es Barcelona, donde Ada Colau acaba de pactar la entrada al gobierno del PSC, pasándole nada menos que la gestión de los grandes negocios sobre turismo y urbanismo y garantizándoles que no piensa tocar ni a uno solo de los cientos de ex-políticos que este partido -y sus socios de ICV y EUiA dentro de BeC- tiene colocados con salarios de más de 100.000 en empresas públicas como TMB.

De esta moderación hacía gala recientemente Pablo Iglesias frente al Círculo de Economía, uno de los principales lobbys empresariales del país. Para ello puso un ejemplo práctico de las ciudades donde gobierna el nuevo reformismo: “hemos reducido la deuda y aumentado el gasto público. Donde gobernamos hemos conseguido mejorar en el ranking de ciudades atractivas para la inversión”.

Si los capitalistas ven en Madrid o Barcelona destinos seguros para sus inversiones es porque los ayuntamientos de Carmena y Colau los han tratado con guante de seda, como sus predecesores. Las grandes operaciones urbanísticas en marcha apenas han sufrido modificaciones, las grandes contratas han mantenido sus contratos e incluso los han renovado con idénticas clausulas, mega-eventos como el Mobile World Congres se ha desarrollado dejando como todos los años millones de beneficios en un puñado de empresarios.

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“Unidos Podemos” viene a presentar un proyecto que aspira a ponerse al servicio de un gobierno que, como todos los habidos durante el Régimen del 78, seguirá una agenda que nada tiene que ver con la resolución de las grandes reivindicaciones democráticas y sociales que se vienen expresando en la calle desde 2011. Un proyecto que no merece el apoyo político de aquellos que aspiramos a combatir este “no hay alternativa” y la lógica del “mal menor” sobre la que se ha mantenido el bipartidismo.

Por todo esto, las organizaciones y militantes independientes que integramos No Hay Tiempo Que Perder, en estas elecciones no daremos nuestro apoyo a “Unidos Podemos”, ni a ninguna otra candidatura de las que se presentan a nivel estatal, puesto que ninguna representa una verdadera alternativa anticapitalista y de independencia de clase. En las provincias de Málaga, Granada y Almería, sin embargo, llamamos a apoyar la candidatura de IZAR, organización integrante de NHTQP que ha logrado sortear los obstáculos de la ley electoral y presenta una candidatura con un programa abiertamente anticapitalista y de clase.

Para nosotros, las elecciones son un medio para explicar un programa y avanzar en la organización de una alternativa política anticapitalista y revolucionaria al nuevo reformismo. Ningún cambio profundo para las condiciones de vida de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud vendrá de las negociaciones parlamentarias ni de ninguna de las instituciones del podrido Régimen del 78, sino que sólo podrán conquistarse con la lucha de clases.

Por ello, en estas elecciones defenderemos un programa para dar una salida obrera y popular a la crisis capitalista y del régimen político, retomando una estrategia basada en la movilización social con la clase trabajadora al frente. Un programa que plantee la ruptura con el Régimen del ‘78. Que defienda el derecho de autodeterminación y la pelea por éste con independencia política de las burguesías periféricas, que se proponga acabar con la Corona y el resto de instituciones del régimen heredero de Franco y que se proponga desnudar todos los intentos de regeneración democrática que, por izquierda o por derecha, se pondrán nuevamente sobre la mesa después del 26J.

Un programa que asuma que con la Troika y con la UE no se negocia. Que defienda el no pago de la deuda, la nacionalización de todo el sistema financiero bajo el control de los y las trabajadoras y grandes impuestos sobre las principales fortunas, único modo de cubrir necesidades básicas como el acceso a una vivienda digna, unos servicios públicos de calidad o rebajar la edad de jubilación a los 60 años de un empleo.

Un programa que defienda la pelea por salarios que partan de un SMI de 1200 euros y el fin de todas las formas de precariedad impuestas por el PSOE y el PP con sus reformas laborales. Que se proponga luchar por el reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial y la expropiación bajo control obrero de todas las empresas que cierren o despidan.

Un programa internacionalista, que luche por la salida de la OTAN, la retirada de todas las tropas españolas en el extranjero y por la nacionalización de todas las multinacionales españolas para la devolución de los recursos que expolian a sus respectivos países. Que levante también demandas fundamentales contra la Europa fortaleza y las políticas racistas de extranjería, como la apertura de fronteras, la derogación de las leyes de extranjería y el cierre de los CIEs.

En definitiva, un programa que ponga la lucha de clases en el centro en la perspectiva de luchar por un gobierno de trabajadores, es decir, una sociedad en la que los y las que producimos las riquezas seamos las que tomemos las decisiones sobre todo lo que nos rodea: qué se produce, cómo y para qué.

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