Defendamos el 1O y el derecho de autodeterminación con una gran movilización social

A falta de menos de un mes para el 1 de octubre, Generalitat y Gobierno central mantienen su pulso institucional, pero falta que la izquierda política y sindical impulse la movilización necesaria que garantice y defienda tanto el referéndum del 1º de octubre como su resultado.
La manifestación de la Diada que tendrá lugar el próximo lunes 11 de septiembre será la más importante en cuanto a su significado y hay que ver también si en cuanto a su masividad. Tendrá lugar a menos de tres semanas del anunciado referéndum del 1 de octubre y en mitad de la mayor escalada de tensión entre el Estado central y la Generalitat desde el inicio del llamado “procés”.

El gobierno del PP, con el apoyo del PSOE, Cs y la Corona, y haciendo uso discrecional de la alta judicatura -con el TC a la cabeza- y previsiblemente del conjunto de resortes coercitivos de los que dispone, ha anunciado que ese día no se permitirá la instalación de urnas: “¡los catalanes no podrán votar!”. La enésima amenaza contra el ejercicio del derecho a decidir de parte del Régimen del 78 que tiene entre sus pilares fundacionales la negación de este derecho democrático fundamental.

La principal baza a favor de esta ofensiva españolista viene siendo justamente el encorsetamiento del gran movimiento democrático catalán que emergió con la Diada de 2012 a los cauces institucionales. Desde esa fecha las Diadas se han ido sucediendo como prácticamente el único acto masivo en las calles en defensa del democrático derecho a decidir del pueblo catalán. La dirección convergente del “procés”, con la venia del resto de los componentes del bloque soberanista, logró sacar de las calles la lucha por este derecho.

A un mes del 1O, esta estrategia se mantiene intacta. Más allá de los anuncios institucionales y aprobaciones legislativas, desde PDeCat y sus socios de ERC se niegan a definir exactamente, y mucho menos a adoptar, las medidas necesarias para la defensa de la celebración del Referéndum, del resultado de este, o de la hipotética implantación de las leyes aprobadas en estas semanas previas.

Cuando se aproxima la fecha que se presenta como la “definitiva”, esta debilidad puede convertirse en un auténtico Talón de Aquiles del movimiento. Puigdemont y Junqueras vienen abogando por confiar todo a sus maniobras institucionales, descartando cualquier signo de organización y movilización social para defender el referéndum, que se pueda llevar adelante y que su resultado pueda ejecutarse.

Ante esta situación las fuerzas de la izquierda política, las organizaciones sindicales y los movimientos sociales que defienden el elemental derecho democrático del pueblo de Catalunya a decidir sobre su propio destino, no deberían mantenerse en una situación de “espera”. Todas las menciones a la movilización que se escuchan se limitan a plantearla en caso de que el 1O se prohíba. Pero ¿acaso hay alguna duda de que el Régimen del ‘78 lo va a hacer? ¿No habría entonces que prepararse e impulsar desde el minuto cero una amplia y profunda movilización social para defender lo que el Govern y su hoja de ruta solo quiere blindar con votaciones en el Parlament?

Que el “procesisme” del PdCat y ERC rechace la movilización social no puede sorprendernos. La limitación y desvío de la movilización en estos cinco años tenía, entre otros, el gran objetivo de impedir el desarrollo de fuerzas sociales que además de cuestionar la relación con el reaccionario Estado español, también pusieran en el centro la lucha por resolver los grandes problemas sociales como el paro, los desahucios, los recortes… de los que Convergencia –hoy PDeCat- y la burguesía catalana han sido totalmente responsables.

Por eso desatarla no es solo la única vía de poder garantizar el 1O. Lo es también para que la conquista del derecho a decidir abra la puerta a poder imponer un proceso constituyente realmente libre y soberano, y no tutelado por los herederos del pujolismo y el andamiaje institucional tan similar al del Régimen del ‘78 que encarna la Ley de Transitoriedad.

Puigdemont y Junqueras quieren una votación sin agitación en las calles para que la constitución de su futura república se haga desde arriba y respetando los intereses de las grandes familias y empresas. Solo imponiendo el referéndum por medio de la movilización se podría abrir un proceso en el que poder imponer medidas para acabar con el paro como el reparto de horas de trabajo, el no pago de la deuda, la nacionalización del sistema financiero o impuestos a las grandes fortunas, cuestiones fundamentales para poder resolver la grave crisis social en beneficio de los trabajadores y sectores populares.

Lamentablemente en estas semanas hemos visto por parte de la CUP una profundización en su línea de seguidismo y aceptación de la hoja de ruta del “procés”, basada casi en exclusiva en la desobediencia institucional. Después de la aprobación de los presupuestos, ha dado un paso más en la integración en el bloque que encabeza Puigdemont, con su participación en la elaboración de las leyes de desconexión, que en el caso de la de Transitoriedad, constituye el andamio de una transición pactada a la catalana.

Por su parte, Unidos Podemos y los “comuns” se declaran a favor del derecho a decidir y en contra de esta ofensiva reaccionaria, aunque sin apoyar directamente el 1º, oponiéndole un imposible referéndum pactado en los marcos de la Constitución del ‘78. Al mismo tiempo que Pablo Iglesias retoma la búsqueda de un pacto de gobierno con uno de los principales agentes de la ofensiva españolista, el PSOE -en la línea del pacto en el Ayuntamiento de Barcelona de BeC con el PSC-, se niega a impulsar la más mínima movilización en apoyo a Catalunya en el resto del Estado y trabaja para que haya una baja participación el 1O. Es tan pronunciado este giro constitucionalista de la formación morada que hasta Podem se ha tenido que separar y mostrar su apoyo al referéndum convocado.

Sin embargo, para que el referéndum sea efectivo, es necesario que la CUP abandone el mal llamado «bloque soberanista» que integra junto al PDCat y ERC, y que los “comunes” rompan con sus posiciones de respeto constitucional. Al contrario, solo habrá consulta si los miles de militantes de la izquierda independentista, sus cargos institucionales y su amplio tejido asociativo, junto con el resto de la izquierda política, sindical y social, pelean por que surja un movimiento en las calles independiente de la hoja de ruta del Govern, para así hacer frente de forma efectiva a los ataques del Estado central y ante el posible recule de la Generalitat.

De igual modo los grandes sindicatos, CCOO y UGT, al igual que la izquierda sindical, deben pronunciarse de forma decidida por la celebración del referéndum y la defensa del resultado. Para ello es necesario que organicen paros y asambleas en los centros de trabajo y estudio para garantizar a través de la movilización en las calles de la clase trabajadora el derecho a decidir el próximo 1O.

Del mismo modo, la lucha por el derecho a la autodeterminación puede convertirse en un motor importante para poner en pie un movimiento estudiantil combativo. Para ello la izquierda independentista, a través de su sindicato estudiantil SEPC debe ponerse a la cabeza, llamando al conjunto de las corrientes estudiantiles y asambleas de facultades a levantar verdaderos comités en defensa del referéndum, que se propongan organizar los paros y las asambleas necesarias.

Levantar una alternativa política independiente del “procesisme”, que organice paros y movilizaciones tanto en Catalunya como el resto del Estado, es la única vía para garantizar el derecho a decidir. Que haga del 1O, más allá del resultado, un paso adelante en reavivar la lucha contra el Régimen del ‘78. Un golpe profundo al Régimen del ‘78 con la apertura de procesos constituyentes en Catalunya y en el resto del Estado que permitan debatir cómo resolver las grandes demandas democráticas y sociales que irrumpieron ya desde el 15M y aún siguen pendientes.

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