Felipe VI se pone a la cabeza de la reacción españolista contra el 27S

El heredero del heredero de Franco acaba de cumplir un año en el trono. La cuestión catalana desnuda el rol bonapartista del Jefe del Estado en el Régimen del 78. Felipe VI aparece como el capitán de la ofensiva españolista contra el derecho a decidir.

Los primeros años de reinado de Juan Carlos I éste fue una pieza clave para el diseño del nuevo régimen político. Desde Zarzuela se monitoreó el cambio de chaqueta de buena parte del aparato político y estatal de la Dictadura. También la cooptación de las nuevas élites democráticas provenientes de los dirigentes de la oposición. El rol de árbitro fue palmario y público. Marcó las líneas rojas de continuismo e incluso estuvo detrás de la principal trama golpista que desembocó en el 23F -como reconoce la propia periodista de Cámara Pilar Urbano en su última y polémica obra- que significó el cierre reaccionario definitivo de la Transición.

A partir de entonces la Corona se consideró consolidada. Aunque sus defensores no se han cansado de repetir aquello de que “el rey reina pero no gobierna”, nadie puede ocultar que en estos 30 años Juan Carlos I ha seguido jugando un rol clave como árbitro entre todos los agentes del régimen político y de forma especial como “abogado” de las multinacionales españolas en el extranjero. Mientras el régimen ha gozado de buena salud esta labor se ha podido hacer entre bambalinas, discretamente. Cuando la nave empezó a zozobrar las “obligaciones” de la Corona empezaron a hacerse más acuciantes. Sin embargo el descrédito de un Rey que había amparado la corrupción de su hija y yerno o cazaba elefantes mientras el país se hundía, lo inhabilitaba bastante para jugar el papel de taponar las vías de agua del Régimen del 78.

La abdicación fue la mejor salida que encontró la Corona. Felipe VI aparece como un monarca joven y que en su primer discurso navideño -el único que no le escribe el gobierno- se sumó, a su manera, a las voces que hablan de regeneración. Su objetivo, poner en marcha una Transición 2.0, mucho más gatopardista que la 1.0 del 78. Apadrinar algún tipo de reforma constitucional cosmética que devuelva legitimidad al régimen político y cierre la crisis de representación abierta tras el 15M. Aspirantes a “ayudante” no le faltan. Tiene a Pedro Sánchez y su propuesta de reforma de la Constitución. Pero también Pablo Iglesias e Iñigo Errejón que ya hablan claramente de reformar el régimen, y no les faltan gestos para el nuevo monarca, desde el regalo de “juego de tronos”, la petición de audiencia o el considerar que la forma de Estado no es hoy un tema que merezca tratarse en su “reforma”.

Sin embargo la crisis de representación no es el único problema, y puede que no el más grave. La emergencia de la cuestión catalana en 2012 desató un movimiento de masas sin precedentes en Catalunya. Las aspiraciones para conquistar el derecho a decidir son profundas y muy hondas. Y el régimen en su conjunto responde con un “no se puede”. Desde Rajoy y Pedro Sánchez, hasta Pablo Iglesias que deja en manos de los tribunales la aplicación de la ley y la Constitución que prohíben el derecho a decidir de los catalanes.

Las elecciones del 27S, precedidas de la Diada del 11S, van a suponer un nuevo hito para el proceso soberanista. La lista unitaria conformada por CDC, ERC y las entidades soberanistas es muy probable que obtenga un amplio respaldo de millones de catalanes que le quieren dar a estas elecciones un carácter plebiscitario. En los últimos días, y de aquí al 27S es algo que irá en aumento, no han faltado declaraciones encendidas sobre que la voluntad del pueblo catalán, si se pronuncia por la independencia, será llevada a término entre 6 y 18 meses. Declaraciones “de campaña” que se acompañan de otras donde se aclara que será un proceso negociado con el Estado central.

Sin embargo aunque la hoja de ruta de Mas se dirige a canalizar el movimiento democrático hacia alguna salida acordada – y por lo tanto dentro de las líneas rojas que marcan a fuego los partidos e instituciones del 78- también es muy posible que las aspiraciones democráticas de millones de catalanes se fortalezcan y se agrave la “patata caliente” más importante para el régimen. Esta es la visión que tienen los partidos del régimen y también la Corona. Hasta ahora Artur Mas “controla” la situación, y no hay una dirección del proceso que sea independiente de la históricamente “responsable” burguesía catalana que se postule como alternativa. Pero ¿Que puede pasar cuando Mas se encuentre con un muro que no puede franquear: el No del gobierno, el Constitucional o hasta el artículo 155?

Es por eso que el Régimen está poniendo en funcionamiento los mecanismos necesarios para poder frenar la bola de nieve antes de que se transforme en alud. El gobierno del PP, con el apoyo del PSOE, acaban de pactar la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Una verdadera ley de excepción que entre otras medidas habilita al gobierno central a hacerse con el control de cualquier administración en una “situación de interés para la Seguridad Nacional”. Se otorga así al Ejecutivo la capacidad de aplicar medidas equivalentes al artículo 155 de la Constitución que prevé la anulación total o parcial de una autonomía previa aprobación del Congreso y el Senado.

El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha recalcado además que el Gobierno no descarta la aplicación del mismo 155. Para encontrar algo similar en la reciente historia del Estado español deberíamos retrotraernos al bienio negro de la II República o a la anulación definitiva de la Generalitat por parte de la Dictadura en enero de 1939.

Pero en estos movimientos también empieza a intervenir el monarca. Felipe VI viene manifestándose, como no podía ser de otra manera, por la defensa de la unidad territorial. En los últimos días ha añadido unos cuantos gestos que dejan clara su voluntad de intervenir entre bambalinas para frenar el proceso soberanista y respaldar todas las medidas de “excepción” que el PP, el PSOE y los tribunales (con el “respeto a la independencia judicial” de Podemos) quieran imponer sobre Catalunya.

El gesto serio, casi de enfado, en la audiencia al President Mas de hace una semana, fue seguido de un secretismo por las dos partes de que se había tratado. Pero el silencio fue roto ayer por la Zarzuela. Como es propio en asuntos de la “Corte” el monarca usó un “corre-ve-y-dile” leal. En este caso el presidente de Cantabria, el ex-falangista Miguel Ángel Revilla. El mismo que unos días antes había amenazado con “secuestrar” el Ebro si el proceso soberanista seguía adelante, haciendo gala de su fama de “payasete” y su pasado franquista. Revilla declaró a los medios que Felipe VI estaba muy preocupado por que el President Mas mantenía una postura “irreconducible”.

En la misma línea Felipe VI, junto a lo más granado de la alta judicatura, reprendieron ayer mismo en Barcelona a Mas en un acto de entrega de despachos judiciales. El presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, le advirtió que “no hay democracia sin respeto a la ley”. El monarca por su parte alabó la Constitución como “la ley fundamental, que ha presidido una de las etapas más largas de estabilidad en nuestra historia” y recalcó que “el respeto a la ley nunca ha sido ni debe ser un trámite, una mera formalidad; una alternativa. En su raíz más profunda, respetar la ley es fuente de legitimidad y la exigencia ineludible para una convivencia democrática en paz y libertad”.

Lejos de ser un hombre de paja, como muchos analistas de cámara han sostenido en las pasadas décadas, la figura del rey es un pilar clave del Régimen del 78. En los “buenos tiempos” su papel ha podido ser discreto, pero la crisis abierta desde 2011 le va a obligar a tomar partido de una forma cada vez más abierta en defensa de un buque que hace aguas. Las posiciones de Felipe VI, como las de Juan Carlos I del 75 en adelante, vienen a marcar las líneas rojas que no se pueden traspasar bajo ningún concepto. La Corona se prepara para jugar un rol en la “regeneración” que cada vez más agentes -viejos y nuevos- proponen, pero también si es necesario para encabezar y legitimar un zag abiertamente reaccionario y bonapartista como con los que amenazan el PP y el PSOE.

Esta ofensiva puede ser utilizada por Mas como la excusa perfecta para vender un desvío o desactivación del proceso. No será una tarea fácil. También pueden dejar en evidencia la impostura de la estrategia de Mas y radicalizar el movimiento por el derecho a decidir. De que se vaya forjando desde los sectores populares y la clase trabajadora una alternativa independiente de su hoja de ruta, que apueste por derribar el régimen del 78 por medio de la movilización social para imponer una salida de ruptura política y transformación social anticapitalista, dependerá que los intentos de desvío de Mas y la reacción del régimen del 78 se puedan superar. En esta tarea la izquierda independentista sigue teniendo un reto y una responsabilidad histórica, su negativa a formar parte de la lista unitaria es una decisión en el buen sentido que debería profundizarse hacia una ruptura con la política de mano extendida hacia Mas sostenida desde 2012.

Santiago Lupe

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