La estrategia de “unidad nacional” lleva la lucha por el derecho a decidir a un callejón sin salida

La nueva “consulta alternativa” propuesta por Artur Mas para el 9N viene a confirmar un aspecto central de su hoja de ruta. Convergència i Unió (CiU) ni quiere ni pretende incumplir ni una coma del ordenamiento legal vigente del Régimen del ‘78.

La suspensión del TC de la Ley de Consultas y el decreto del 9N es acatado por el Govern. Como contrapartida, en base a las competencias en participación ciudadana que tiene la Generalitat, Mas promete que el 9N “habrá urnas y papeletas”, y que los catalanes podrán votar en una “consulta alternativa”. Un cambio jurídico que busca aminorar el enfrentamiento con el Régimen español, pues la nueva consulta no estará respaldada por ninguna ley ni decreto emanado de las instituciones catalanas. Si la anterior consulta ya tenía el límite de no ser vinculante, está nueva se ve reducida a un carácter simbólico.

La voluntad del pueblo catalán de decidir sobre su futuro aspira a mucho más que una votación simbólica. Los cientos de miles que se vienen movilizando en las pasadas Diadas quieren expresar su opinión, sí, pero para que se lleve a término. La consulta emanada de la Ley de Consultas no pretendía que su resultado fuera vinculante. La nueva todavía menos. Pero ¿acaso podemos esperar algo diferente de una hoja de ruta diseñada por el principal partido de la burguesía catalana? No.

Las grandes fortunas de Catalunya no tienen hoy por hoy ningún interés en que se pueda ejercer el derecho de autodeterminación. Y sobre todo, son enemigas frontales de los medios necesarios para arrancar dicho derecho al Régimen del ‘78, el mismo que consagra la unidad de España a la Corona y el Ejército. Por eso desde la conformación del “bloque soberanista” en diciembre de 2013 y el acuerdo sobre las preguntas y la fecha, los portavoces de CiU y el Govern han dejado claro que todo se realizaría en acuerdo con el Estado.

El Estado español, con el Gobierno del PP a la cabeza, ya ha dejado meridianamente claro que no permitirá que esa voluntad se exprese en una consulta con garantías. Una posición firme, que es fiel a la letra y el espíritu de la Constitución del ’78, que niega el derecho a decidir de las nacionalidades.

Por lo tanto, no hay camino dentro de su legalidad ni sus instituciones para que ese derecho pueda conquistarse. La única vía, de la que CiU es enemiga, es la movilización social hasta tumbar el régimen heredero de la España “Una, Grande y Libre”. Una movilización que aspire a terminar con la opresión nacional, necesariamente debería contar al frente con los trabajadores y sectores populares tanto de Catalunya como del resto del Estado. El “problema” es que una vez puestas en movimiento fuerzas sociales tan poderosas, es muy posible que quisieran resolver también el resto de las demandas democráticas (contra la Corona, la casta política, la corrupción) y sociales (contra el paro, los desahucios…) que siguen pendientes.

Todos los miembros del “bloque soberanista” vienen compartiendo esta estrategia impotente que conduce al movimiento por el derecho a decidir a conformarse con expresiones de la voluntad popular, pero sin pelear porque están puedan llevarse a término. Así se demuestra en las reacciones ante la versión descafeinada del 9N propuesta por Mas. La CUP (Candidatura d’Unitat Popular) planteó una consulta similar en la reunión del Palacio de Pedralbes, como ha reconocido su diputado en el Parlament, Quim Arrufat, en la rueda de prensa posterior al anuncio del President. ¿Este es el concepto de “desobediencia”? ¿Una simple treta jurídica que devalúa la votación y la deja en un plano totalmente simbólico? ¿Un paso atrás que rehúye hasta del enfrentamiento legal con el ordenamiento jurídico del Régimen del ‘78? La Esquerra Republicana (ERC) ha sido más crítica y ha exigido volver a la consulta tal y como se pactó en diciembre, aunque aclarando que apoyarán la “consulta alternativa” si el Govern la mantiene. La posición de ICV (Iniciativa per Catalunya Verds) ha sido la más sumisa de todas al Estado central. No se suma al nuevo 9N, pero lo hace con argumentos aún más respetuosos con el Tribunal Constitucional. Según su portavoz, Joan Herrera, como su suspensión no permite que la consulta se celebre con garantías, mejor que no se haga nada o, como mucho, que haya una juntada de firmas en las puertas de los colegios electorales.

Entre tanta impostura de sus socios, CiU sigue fortaleciéndose como hegemón del proceso. Algo fundamental para lograr que éste continúe lejos de la calle y evitar que pueda radicalizarse y convertirse en una vasta movilización social que deje tocado y hundido a uno de los pilares del Régimen del ‘78. Por ello el 9N descafeinado ya se presenta vinculado a unas posibles elecciones plebiscitarias, con una candidatura conjunta del frente soberanista. Una maniobra que encaja perfectamente con la lógica de “unidad nacional” que ha impuesto Mas y que es compartida por todo el bloque soberanista. Y que, principalmente, consolidaría su rol dirigente del proceso para poder desviarlo de forma definitiva y de paso aplicar durísimos planes de ajuste con el aval activo de la centro-izquierda y la izquierda independentista.

Hoy por hoy ni la CUP ni ICV apoyan las plebiscitarias, aunque tampoco ofrecen una alternativa de independencia de CiU para continuar la pelea por el derecho a decidir después del 9N. Sin embargo, hace apenas unos días, Quim Arrufat pedía la entrada de ERC al Govern y tampoco descartaba tajantemente la suya propia si fuera necesario para hacer posible el 9N. ERC tampoco se suma de momento a las plebiscitarias, pero ya ha pedido la entrada al Govern y deja la puerta abierta a unas elecciones de cuyo resultado se pueda proclamar la independencia, como ha explicado Junqueras después del anuncio de la consulta alternativa.

Casi 2 millones de personas de la pasada Diada demostraron que la aspiración democrática es muy profunda. Que a pesar de la pasivización del movimiento impuesta desde el Govern, aceptada por el resto del bloque soberanista, hay capacidad para impulsar la movilización para conseguirlo. Y que además las ambigüedades de CiU hacían crecer la desconfianza en esta fuerza entre un sector importante.

Un escenario que era favorable para trabajar por el surgimiento de una alternativa independiente de la burguesía catalana y sus representantes políticos, que alertase de que ésta no está dispuesta a pelear por el derecho de autodeterminación. Una alternativa que apostase por desarrollar la más amplia movilización social, con los trabajadores al frente para hacerlo posible, empezando por un fuerte movimiento en favor de la realización del 9N y uniendo la reivindicación democrático-nacional al resto de las grandes demandas sociales.

Sin embargo, en vez de aprovechar este escenario en este sentido, el flanco izquierdo del “bloque soberanista” ha profundizado hasta el extremo su política de “unidad nacional”. La CUP está actuado en todas estas semanas alimentando las ilusiones en CiU y la honestidad del President. Desde 2012 esta formación sostiene una estrategia de “mano extendida” a la burguesía catalana en la cuestión nacional, que le ha llevado a una posición de mera presión y súplica. Al final, más allá de la retórica de desobediencia, la CUP comparte lo esencial de la estrategia de pacto con el Estado de CiU. En la misma rueda de prensa que mencionábamos antes, Arrufat reconocía que para conseguir que el resultado de una consulta fuera vinculante, sólo se podía conseguir con el acuerdo del Estado o la imposición de la comunidad internacional. La posibilidad de imponerlo mediante la movilización popular está por fuera de su horizonte. Es comprensible, tal devenir espantaría al socio privilegiado de la “unidad” y el “consenso” que claman recomponer, nada más y nada menos, que los representantes políticos de Foment del Treball.

Aún con todos los rebajes que se quieran hacer sobre el 9N, es posible que el Gobierno central siga atacándolo y buscando evitar cualquier tipo de votación. Por eso mismo tampoco se pueden descartar nuevos recules de Mas. Si ERC y la CUP quieren que las pocas críticas lanzadas a Mas suenen algo más creíbles, la voz de la calle habrá de exigirles que pongan todos sus esfuerzos en convocar de forma urgente a la movilización para que el 9N se realice.

Hace pocos días escribía en un debate público con las CUP, en adelante el elemento crucial y definitorio para evitar que la burguesía catalana repita, como otras veces en la historia, un nuevo fraude a las aspiraciones democráticas del pueblo catalán, es “que desde los sectores descontentos con la deriva de la CUP y las fuerzas de la izquierda anticapitalista que no quieran seguir siendo el furgón de cola de esta política pelear por un ala dentro del movimiento por el derecho a decidir que apueste por su conquista desde la total independencia política de la burguesía y por medio de la movilización”.

 

Santiago Lupe

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