25S: un debate sobre la asamblea constituyente y la democracia

El 25S ha instalado en la agenda de la izquierda y los movimientos sociales un debate que excede a los convocantes de las acciones organizadas para esa jornada. En este artículo nos proponemos polemizar con las dos propuestas que actualmente circulan como convocantes al 25S como un aporte a los debates que recorren a la vanguardia y los luchadores.

La génesis de una propuesta confusa

A finales de julio comenzó a circular en las redes sociales una peculiar convocatoria a “ocupar el Congreso” el 25 de septiembre. El Manifiesto convocante estaba firmado por una organización hasta entonces desconocida, la autodenominada “Plataforma En Pie” (PEP). Los ambiciosos objetivos de la acción emergen a poco de leer su Manifiesto: “La dimisión del gobierno en pleno, así como la disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado” y la “apertura de un proceso constituyente transparente y democrático, a fin de redactar una nueva Constitución, con la participación de toda la ciudadanía…”.[1]

A esta convocatoria hecha en solitario por la PEP, se sumaron en agosto varios colectivos, asambleas del 15M e incluso corrientes políticas de izquierda, que tras algunas reuniones dieron lugar a una nueva convocatoria: “Rodear el Congreso” [2], la cual descafeinaba considerablemente el programa que habían planteado los primeros convocantes de dicha actividad, planteándose el vago objetivo de rodear el Congreso para “rescatar a la democracia”. Esta discrepancia de fines provocó que poco después la PEP se desmarcara de este nuevo llamamiento, planteando que ellos seguían con su acción y sus objetivos.

El “ocultismo” sobre los convocantes y la primer convocatoria, la posterior “re-formulación” por parte de nuevos sectores del 15M y un largo hilo de “polémicas online” y en la prensa burguesa, incluidas diversas críticas a la primer convocatoria –muchas de ellas francamente por derecha- como una mascarada de la ultraderecha, ha provocado una enorme confusión sobre dicha jornada. En los hechos, hay dos convocatorias con dos programas distintos, pero igualmente confusos.

Ocupar o rodear… con dos programas utópicos y reformistas

Si a simple vista ambas convocatorias para el 25S parecen diferenciarse en sus objetivos, un examen más detenido de sus programas sorprende por sus similitudes. La convocatoria de la PEP fue evolucionando. De un primer Manifiesto general, pasó a un Documento Base (revisado al menos dos oportunidades) [3] con mayores “precisiones” sobre su ideología, la identidad de sus integrantes, la descripción y justificación de la acción y su programa. El paso no es menor, de la primera versión que ni siquiera nombraba a la Monarquía ni hacía ningún tipo de definición ideológica, el nuevo Documento se pronuncia por “la justicia y reparación histórica a las víctimas de la Dictadura franquista”, a la vez que se opone al “fascismo, neofalangismo, xenofobia, homofobia, sexismo…” y rechaza “la monarquía y otros modelos totalitarios”, para separarse de algunos grupos de ultraderecha que se hicieron eco de la convocatoria.[4]

Una lectura honesta del Documento permite identificar varias reivindicaciones justas y progresivas, como “la paralización inmediata de todos los desahucios, y la puesta a disposición de la población, a precio de alquiler social, de las viviendas en propiedad de los bancos y cajas que hayan sido ayudados con fondos públicos”, el “respeto a la lucha de los pueblos por su emancipación, su soberanía, y su libre autodeterminación”, la lucha “contra cualquier tipo de explotación de hombres, mujeres, niños y niñas”, e incluso la “nacionalización y control público de sectores estratégicos y de primera necesidad para la sociedad: banca, energía, agua, sanidad, educación, gestión medio ambiental”, etc.

Pero a poco andar, comienza la confusión y el eclecticismo. El Documento reivindica “la necesidad de conciencia de clase como forma de lucha frente a la oligarquía financiera”, pero al mismo tiempo que se pronuncia por un “reparto equitativo de la riqueza”, es decir la fórmula con la cual más frecuentemente los reformistas expresan la conciliación de clases en cuanto a la apropiación de la riqueza social. Propone la “paralización del pago de la deuda pública”, pero solo hasta dirimir en una auditoría (sic) “qué partidas son legítimas y qué partidas son ilegítimas”. Y sigue con un cúmulo de definiciones abstractas como “que se impulse el proceso de construcción de un nuevo sistema de organización política económica y social hacia un modelo verdaderamente justo y solidario en el que el pueblo sea el verdadero protagonista”, una “transición hacia un nuevo modelo” sostiene el documento. ¿Y cómo sería tal cosa? Ahí viene la mejor parte: “Los detalles de la transición propiamente dicha están siendo debatidos con el resto de colectivos, organizaciones y expertos (sic) con el fin de encontrar el modelo más viable para la situación española”. O sea, una serie de reivindicaciones justas, con frases hechas de reforma social y definiciones abstractas sobre la democracia.

¿Y qué de la otra Convocatoria? Pues ya el título del Manifiesto de la Coordinadora es ilustrativo: “La democracia está secuestrada. El 25S vamos a rescatarla.” En este caso, ni siquiera encontraremos pinceladas eclécticas de un programa de izquierda o anticapitalista. Su gran crítica a “la mayoría” de los partidos de la burguesía es haber “traicionado sus programas electorales, a sus votantes y a la ciudadanía en general incumpliendo promesas y contribuyendo al empobrecimiento progresivo de la población.” Sus demandas no son más intrépidas: “no pagar la deuda y defender los “derechos colectivos” como “la vivienda, la educación, la salud, el empleo, la participación democrática, la renta”, con el loable objetivo de “rescatar la democracia y la soberanía”.

Un verdadero proceso constituyente será revolucionario… o no será

Desde la emergencia del 15M, sectores crecientes de la juventud y los trabajadores han comenzado a cuestionar más abiertamente el Régimen del ’78 nacido de la Transición, el momento en el que los líderes políticos de la izquierda (el PCE y el PSOE) y las grandes centrales sindicales CCOO y UGT negociaron con el Rey, la burguesía y sus partidos la traición a las aspiraciones de la clase obrera que venía de un gran ascenso obrero contra el Franquismo.[5]

Una Transición que culminó en el establecimiento de la actual Constitución que instauró un Régimen democrático burgués completamente degradado, que negó el derecho de autodeterminación a las naciones oprimidas como Catalunya o Euskadi, que colocó en la jefatura del Estado al heredero directo de Franco, Juan Carlos Borbón y que garantizó la impunidad a los torturadores y asesinos del franquismo, dejando a las víctimas desamparadas. Un Régimen que ha dado vía libre a la burguesía, a los especuladores y a la banca para que expriman y exploten a la clase obrera hasta límites insoportables, llevando al país a una crisis que arroja a millones al paro, la pobreza y la falta de vivienda; que le niega a la juventud el futuro, mientras persigue a nuestras hermanas y hermanos inmigrantes.

Sin embargo, aunque amplios sectores han comenzado poco a poco a cuestionar este estado de cosas, las esperanzas de que los mecanismos de la democracia burguesa sean suficientes para resolver las tareas democráticas y los problemas de masas aún tienen un peso enorme en la conciencia de las masas.

En este marco, el corolario de las dos convocatorias para el 25S es la apertura de “un proceso constituyente”. El problema es de qué tipo de proceso constituyente estamos hablando, ¿De uno que ayude a los trabajadores y la juventud oprimida a superar su confianza en la democracia burguesa para avanzar en una perspectiva anticapitalista, o de uno que por el contrario fortalezca esta confianza?

Los revolucionarios de Clase contra Clase somos firmes partidarios de la lucha por un Gobierno de los trabajadores y el pueblo, que arranque el poder a los explotadores e inicie el camino de la revolución socialista. En esa perspectiva, nuestro principal objetivo es el de ganar para este programa a la mayoría de la clase trabajadora y la juventud explotada.

Sin embargo, mientras amplias capas aún confíen en que se puede conquistar una mayor democracia, estamos a favor de impulsar un proceso constituyente, pero que sea verdadero. Por eso, la gran pregunta sobre el llamado “proceso constituyente” es: ¿quién puede garantizar una Asamblea Constituyente verdaderamente democrática? Ni el PSOE, ni IU (PCE), ni obviamente el PP ni mucho menos el Rey y la reaccionaria Monarquía Borbónica pueden garantizar esto, pues han sido ellos los garantes del nacimiento y supervivencia del actual Régimen que pactaron en 1978. ¿Acaso alguien piensa que la separación de la Iglesia y el Estado, el derecho de una nación oprimida a separarse de la “indivisible España” o el juicio y castigo a los represores del franquismo será permitido sin reservas por el actual régimen político?

Un “proceso constituyente” realmente democrático, que discuta resolver todas estas tareas pendientes solo podrá ser convocado sobre las ruinas del Régimen actual por un gobierno obrero y popular que instituya una Asamblea Constituyente Revolucionaria. Evidentemente, lejos de cualquier ilusión pacifista, este Gobierno sólo podrá ser obra de una gran lucha revolucionaria de los trabajadores y el pueblo pobre, que haciendo ejercicio de una verdadera democracia obrera organizados en coordinadoras o consejos de delegados obreros y populares, como fueron los Soviets de la gran Revolución Rusa, impongan la voluntad de la mayoría explotada a la minoría de los explotadores.

Una Asamblea Constituyente Revolucionaria que comience por poner fin a la Monarquía y disolver la institución presidencial, el Congreso y el Senado, para crear una cámara única de representantes que fusione las tareas ejecutivas y legislativas y donde se respete la proporcionalidad del voto. Una cámara en la cual los funcionarios sean elegidos democráticamente entre toda la población, ganen el salario medio de un obrero y sean revocables en cualquier momento; no como los políticos burgueses actuales que se enriquecen a costa de gestionar desde el Congreso los negocios capitalistas.

Sólo de este modo la amplia mayoría de los trabajadores y el pueblo pobre podrá resolver sobre los grandes problemas irresueltos de la degradada “democracia española”, como el juicio y castigo contra los criminales de la Dictadura y la democracia, la disolución de todo el aparato represivo, el derecho de autodeterminación a las naciones oprimidas, la devolución de los enclaves coloniales de Ceuta y Melilla, la separación de la Iglesia y el Estado.

Y principalmente, que resuelva castigar a los banqueros y capitalistas que hundieron la economía del país, expropiando a los expropiadores para garantizar el pan, la vivienda, la educación, la sanidad y todas las demandas más sentidas de las mayorías populares.

Este es el único “proceso constituyente” capaz de llevar a las masas hacia adelante en vez de hacerlas retroceder, conquistando una verdadera república obrera que será mil veces más democrática que la más democrática de las repúblicas burguesas.

¿Democracia sin adjetivos?

En definitiva, el andamiaje político de las dos convocatorias al 25S no difiere en lo esencial: la lucha por una “verdadera democracia y soberanía”, pero una democracia sin adjetivo alguno. En todos sus documentos, la PEP no hace más que una reivindicación en abstracto de “los principios básicos definitorios de una verdadera democracia”, o exige “un cambio hacia una auténtica democracia social impulsada desde abajo hacia arriba”. Del mismo modo plantea la cuestión la Coordinadora, cuando sostiene que “Rodeamos el Congreso porque queremos dar un salto en la movilización social y poner en el centro la recuperación de la soberanía y del poder ciudadano, es decir, de la democracia.” El problema es que tal cosa no existe.

La defensa de la “democracia en general”, sin plantear la cuestión de qué clase detenta el poder político, es decir, planteada al margen de las clases sociales o desde el punto de vista de todo el “pueblo” –como hace uso y abuso la literatura de los convocantes al 25S-, no sólo es un atraso de, digamos, 200 años en la teoría política, sino una mistificación de la propia realidad. Porque en los hechos en ningún Estado capitalista existe la “democracia en general”, sino únicamente la democracia burguesa.

Ciertamente en el diccionario “democracia” significa “gobierno del pueblo”, pero en una sociedad dividida en clases, dominada por una minoría de explotadores capitalistas, esta “democracia” sólo puede existir como un “gobierno de engaño al pueblo”, como una “democracia para los ricos”. O como escribiera Lenin, la democracia es “y no puede menos que serlo bajo el capitalismo- estrecha, amputada, falsa, hipócrita, trampa y engaño para los explotados”, y por ello, “la mejor envoltura para la dictadura del capital”.

Con todo lo sugerente que puedan parecer las “ambiciosas proclamas” del 25S, en ellas se multiplican las mistificaciones sobre la naturaleza de la sociedad capitalista contemporánea, en la cual la democracia burguesa y el parlamentarismo están organizados de modo tal que las amplias masas trabajadoras se ven apartadas del ejercicio del poder político y del gobierno. Por ello, hablar de soberanía popular, de devolver el poder al pueblo, etc., sin considerar el carácter de clase del Estado, no es más que romanticismo pequeñoburgués.[6]

¿Ciudadanía o clases sociales?

Pero si abstracta es la lucha por esta “democracia sin adjetivos” que nos proponen ambas convocatorias al 25S, aún más abstracto es el sujeto que debe llevarla adelante: la “ciudadanía”. Este no es un debate nuevo, sino que surgió desde el mismo momento de la emergencia del 15M.

El concepto de “ciudadanía” tiene una larga historia, que viene desde la antigua Grecia. Para Aristóteles por ejemplo el ciudadano era aquel que tenía el derecho de participar en la deliberación política de su comunidad. Luego es apropiado por la ascendente burguesía revolucionaria en su lucha contra el absolutismo –incluso con formulaciones radicales como las de J.J. Rousseau-, y se consolida en el capitalismo, pero no ya como una categoría con un contenido revolucionario, sino como el concepto con el cual queda enmascarada la desigualdad social tras la igualdad jurídica frente al Estado. Esto no significa que no existan derechos “ciudadanos” otorgados o directamente arrancados a la burguesía. Sin ir más lejos, la extensión de los derechos políticos a todos los ciudadanos como el sufragio universal fue subproducto de duras luchas de trabajadores y mujeres que progresivamente fueron conquistando ese derecho, finalmente generalizado recién entre comienzos y mediados del siglo XX.

Sin embargo, “el aspecto fundamental de la concepción burguesa de ‘ciudadano’ es la consumación de la separación entre la esfera económica, signada por la oposición entre el capitalista y el trabajador; la esfera política, donde esa oposición es velada, rige la igualdad jurídica de todos los habitantes de un Estado y todo individuo es libre de vender o no su fuerza de trabajo. En el sistema político burgués la ciudadanía es una categoría abstracta que cubre los conflictos de clase que desgarran a la sociedad. Aunque también cristaliza conquistas, como por ejemplo los derechos sociales a la salud y la educación públicas, que se extendieron sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y que hoy están retrocediendo. En los países centrales los inmigrantes están excluidos de estos derechos básicos de ciudadanía.”[7]

En el siglo XXI, con la extensión del capitalismo imperialista a escala planetaria y tras un siglo de guerras y luchas revolucionarias del proletariado, seguir hablando de “ciudadanía” en general no es más que una vuelta a la aspiración socialdemócrata de “extender la ciudadanía”, en oposición a la lucha por la revolución obrera y socialista.

La contradicción entre la “igualdad política” y la “desigualdad social” no puede resolverse en los marcos de la democracia burguesa, porque justamente ella se sostiene en la ficción de que todos los ciudadanos somos iguales, cuando en la realidad social no lo somos: unos somos explotados, y otros explotadores. No es un problema de políticos corruptos e inescrupulosos, o empresarios salvajes, sino como ya dijimos, la forma misma en que se institucionaliza el moderno Estado democrático representativo: la dictadura del capital que impone su despotismo sobre las masas asalariadas, aunque les conceda derechos políticos formales.

Por ello, el voluntarismo ilusorio de las convocatorias del 25S se hace aún más patente al plantear la cuestión en términos de una lucha de la ciudadanía por la conquista de la democracia. Junto con Trotsky, nosotros pensamos que la democracia política está indisolublemente ligada a la democracia económica, es decir a la conquista de una economía nacionalizada basada en la democracia obrera, o dicho en términos de Marx, una “democracia de los productores y de los consumidores”.

Sólo la clase obrera puede acabar con el capitalismo

Como dijimos hace un tiempo, reflexionando a 1 año de la emergencia del 15M: “si queremos acabar con la barbarie capitalista tenemos que empalmar con la clase que precisamente hace funcionar este sistema, maneja todos los engranajes que generan la riqueza, permiten que esto ande. Hablo de los trabajadores, de todos aquellos que nos vemos obligados a vender nuestra fuerza de trabajo para poder vivir. De los que fabrican los coches, las casas, los bienes de consumo, alimento… los que hacen funcionar los transportes y las comunicaciones, los servicios… independientemente de si lo hacen en negro, en blanco, fijos o en precario. Debemos lograr que en los próximos enfrentamientos, que inevitablemente se van a dar, la clase obrera pueda intervenir de una forma central, con sus métodos y organizaciones para la lucha (…) sólo así los podrá conducir al derribo de los actuales Regímenes políticos y a la transformación socialista de la sociedad, a que los recursos que hoy manejamos los trabajadores estén bajo nuestro control para satisfacer las necesidades de la mayoría”.[8]

NOTAS:

[1] http://plataformaenpie.wordpress.co…

[2] http://coordinadora25s.wordpress.co…

[3] http://plataformaenpie.wordpress.co…

[4] No es absurdo hallar en la ambigüedad del primer Manifiesto una explicación sencilla de por qué algunos grupos de ultraderecha llegaron a hacerse eco de la convocatoria a “Ocupar el Congreso” a través de distintos blogs y sitios web, hechos que aprovechó la prensa e incluso el gobierno para denostar la convocatoria y adjudicarla a corrientes abiertamente fascistas y neonazis.

[5] Hay que decir que PEP tiene razón cuando en su Manifiesto le niega “carácter democrático alguno al actual texto constitucional, redactado por una camarilla a espaldas del pueblo, y que consagró la dominación de los herederos del franquismo y quienes pactaron con ellos…”, aunque lamentablemente lo hace desde una visión idealista y en definitiva utópica de la democracia, como si fuera posible conquistar una “democracia de todo el pueblo” abstrayéndose de la sociedad de clases.

[6] En otro notable pasaje de su Documento Base, la PEP se pronuncia por: “Una forma de organización política fundamentada en la república, por sus principios de libertad, justicia, igualdad, equidad y soberanía popular y por ser la base donde puedan converger todas las corrientes democráticas en igualdad de condiciones.” ¿Que otro contenido social puede adjudicarse a tal república que el de una república democrático burguesa?

[7] Tomado de Claudia Cinatti y Emilio Albamonte, “Trotsky y la democracia soviética. Más allá de la democracia liberal y el totalitarismo”, Estrategia Internacional N° 21, Septiembre 2004. http://www.ft.org.ar/estrategia/ei2…

[8] “Pasar de la indignación a la lucha consciente por la Revolución”, Entrevista a Santiago Lupe, ContraCorriente N° 30, Febrero 2012

RECUADRO:

La deriva de la llamada izquierda anticapitalista

Ambas convocatorias están impulsadas por diversas tendencias y movimientos de lucha. PEP plantea en uno de sus documentos que está conformada por diversas corrientes “republicanas de izquierda, de izquierda social, libertarias, movimiento 15M, movimiento antiglobalización, corriente antipatriarcal, movimiento obrero, movimientos ecologistas…”, y más adelante, que no obedecen “a ninguna organización política o sindical”. Sin embargo, esta Plataforma se ha conformado recientemente y poco podemos decir de su tradición política más que lo que sostienen en su página web. Por su parte, diversas asambleas del 15M y DRY son igualmente convocantes, sectores con los cuales hemos polemizado en otras ocasiones.

Pero también participan de las convocatorias corrientes políticas como En Lucha e Izquierda Anticapitalista/Revolta Global, quienes aunque se reivindican marxistas revolucionarias, son impulsoras sin ningún pudor de la Convocatoria “Rodear el Congreso” y firmantes de su Manifiesto.

Lamentablemente, este no es el único caso en que la política de IA/RG como En Lucha navega en una deriva oportunista y reformista. IA/RG, como parte de la corriente mandelista cuya organización hermana en Francia, la vieja Liga Comunista Revolucionaria, decidió disolverse en 2009 para construir un partido amplio, sin una estrategia para la revolución y sin una estrategia de clase, el actual Nuevo Partido Anticapitalista (NPA), abandonando la lucha por la revolución obrera y la dictadura del proletariado y sustituyéndola por la lucha por la “democracia hasta el final”.[1] Del mismo modo En Lucha, viene adaptándose en su programa y su práctica política a una estrategia reformista, del mismo modo que lo hizo su grupo hermano británico, el Socialist Workers Party (SWP), que impulsó la coalición RESPECT junto al ex diputado laborista George Galloway y a sectores de la burguesía musulmana, tras un programa de colaboración de clases, proyecto que finalmente terminó estallando.

En este sentido, el abandono de un estrategia obrera y revolucionaria hace tiempo que ha llevado a estas corrientes a embarcarse en la búsqueda de “nuevas verdades” y “nuevos sujetos”, producto de su escepticismo de la potencialidad revolucionaria de la clase obrera y su incomprensión de los alcances y límites de la restauración burguesa de los últimos 30 años. Poner el foco en la “ciudadanía” como eje para resolver las demandas sociales y democráticas, y no en la centralidad y los métodos de la clase obrera, coloca a estas corrientes al remolque de futuros desvíos “democráticos” (como ya lo fue la Transición española). A pesar de reivindicarse anticapitalistas, e incluso marxistas y revolucionarias, estas corrientes dedican toda su energía a construir partidos electoralistas, cuando el gran desafío es construir un partido  revolucionario enraizado en la clase trabajadora y superar junto a ella todos los obstáculos subjetivos y objetivos que les impone la burocracia sindical, los demócratas de “izquierda” y el Régimen político en general, que educó a los obreros en que la “democracia podía llegar hasta el final”. Sin pelear por una organización así, es imposible avanzar en la difícil tarea de influenciar a millones de trabajadores y pobres de la ciudad y el campo para que tomen en sus manos un programa revolucionario que garantice sus demandas democráticas fundamentales.

NOTAS:

[1] Sobre el NPA, ver balance crítico de la CCR de Francia: http://www.clasecontraclase.org/Un-Balance-del-proyecto-del-NPA