Podemos, ayuntamientos del “cambio” y lucha de clases

Cobran fuerza las huelgas y protestas contra la precariedad de importantes sectores de la clase trabajadora. Entra en juego, en el terreno de la lucha de clases, la impotencia estratégica de la “ilusión en la democracia capitalista” de Podemos y sus variantes municipales.

Anteponer los ‘intereses de la gente’, acabar con la precariedad, remunicipalización, prohibición de los desahucios o no pagar la deuda, son las promesas incumplidas de los gobiernos municipales del “cambio”. La “institucionalización” de la protesta social está en el ADN de la moderación de sus programas, muy teñida de los tan ansiados pactos con el PSOE para gobernar que justifican con el argumento de la “falta de aritmética parlamentaria”1 que les impide llevar a cabo las promesas de cambios sociales. Lo más paradójico es que “puertas adentro”, sus concejales, en reuniones con los trabajadores (poco habituales) algunas veces hacen llamamientos a la movilización, con el argumento de que son ellos los que tienen que “forzar” a las empresas a negociar sus reclamos, porque “ellos no podrán hacer mucho”. Pero “puertas afuera” se enfrentan duramente a las huelgas y protestas 2 , como hizo vergonzosamente Ada Colau con los trabajadores de Metro o Teresa Artigas, concejala de movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza contra la huelga de más de tres meses de AUZSA. Los trabajadores y las trabajadoras vienen protagonizando fuertes huelgas y protestas contra la precariedad laboral en casi todo el Estado, como Telefónica-Movistar, Transportes Metropolitanos de Barcelona, bus urbano de Zaragoza, barrenderos y jardines en Madrid, Servicios Sociales, entre otras. En sus reivindicaciones la mayoría también exige que cumplan con sus promesas electorales. Es decir, que coloquen las reivindicaciones de la clase trabajadora en la agenda política. La pregunta es ¿Por qué los gobiernos municipales del ‘cambio’ se niegan a utilizar sus posiciones, conquistadas en base a programas que recogen muchas de las demandas de las calles?

Una primera respuesta está en que la ferocidad con la que actúan los capitalistas contra la clase trabajadora no permite “jugar” pacíficamente entremedio de estos dos. Porque cumplir las promesas de las reivindicaciones de los trabajadores implica necesariamente enfrentarse a los intereses de estas grandes empresas, con la movilización activa y chocando con la legalidad institucional. Y utilizando todos los espacios conquistados, —medios legales, políticos, de comunicación— como armas al servicio de las protestas y huelgas. Y no enfrentarse con dureza a ellas. Entre derechos iguales y contrarios, decide la fuerza, decía Karl Marx en El Capital. La burguesía ha garantizado sus derechos bajo todo el andamiaje jurídico de hacer ganancias a costa de nuestros derechos. Así como también se han encargado de corromper e integrar a las direcciones sindicales para esta tarea. La disyuntiva está en que, o la “nueva política” ayuda a desatar esa fuerza para garantizar el derecho a un trabajo, un salario, una vivienda, educación pú- blica, sanidad, etc., o se integra al sistema, funcionando como un espejismo y una válvula de escape que busca descomprimir la situación de presión social. Una vieja repetición de la socialdemocracia, pero 2.0, concentrada en el tiempo y en versión de bolsillo, tanto por su extensión como por su profundidad e influencia en la clase trabajadora. La experiencia de los gobiernos del cambio son un preludio de lo que ocurrirá con Podemos si llegara al gobierno.

Huelgas que buscan un cambio, gobiernos del ‘cambio’ contra las huelgas

Un ejemplo de esta disyuntiva es la actuación vergonzosa de Ada Colau contra de la huelga de los trabajadores de Metro, calificándola como “grave” debido a que “convocar una huelga es incompatible con una tabla de negociación”. Y de “desproporcionada” mientras escandalosamente publicaba los salarios de los trabajadores, acusándolos de “privilegiados”, cuando éstos denunciaban que los directivos de Metro aumentaron sus “privilegiados” sueldos un 14,27%. Pero Ada Colau y la actual -puesta a dedo- Presidenta de TMB y militante de EUiA, Mercedes Vidal, estuvieron claramente en contra de los huelguistas, defendiendo los privilegios de la casta municipal ligada a los puestos de directivo en empresas públicas. ¿Tendrá esto que ver con que muchos de estos directivos han sido puestos “a dedo” por el PSC, ICV y EUiA, los dos últimos integrantes de BeC? Por otro lado, ¿a qué se debe que Ada Colau mantenga el mismo discurso que los anteriores alcaldes? Colau ha ido sellando compromisos con la “vieja casta” desde la constitución de BeC, con quienes han apoyado durante tres décadas a los alcaldes socialistas hasta ahora que busca un pacto estable con el mismo PSC para gobernar.3 “Aquí tienes a muchos que hemos confiado en ti, que hemos dado la cara por ti. Y no nos puedes contestar al puro estilo CIU”, decía un trabajador de Metro frontalmente a Ada Colau. Y no eran trabajadores militantes de la “extrema izquierda” que hicieron huelga contra Barcelona en Comú, como llegó a acusar BeC “al mejor estilo CIU”.

Muchos de ellos dieron su voto con la ilusión de que sus vidas podrían cambiar bajo un nuevo gobierno que prometió “luchar contra los contratos precarios”. Por ello le exigen que “cumplan con su programa electoral”. Y en un Manifiesto dirigido a Ada Colau, le recordaron algunas promesas cómo: “hacer de Barcelona un referente en empresas comprometidas socialmente. A otorgar a las empresas que cumplan criterios sociales y ambientales justos (sueldos dignos, contratación estable, salud laboral, participación…”. Al día de hoy los trabajadores de Metro continúan las huelgas denunciando que no se ha implementado ni una sola de estas medidas. No es la primera desilusión. Pocos días antes de ganar la alcaldía de Barcelona, Ada Colau hizo su paso por la huelga de los técnicos de Movistar, con gestos a su favor, acogidos con mucho entusiasmo por los trabajadores: su visita a la sede ocupada del Mobile World Congress (MWC) y la firma del “Compromiso de las Escaleras” junto a los candidatos a las elecciones municipales de mayo de 2015, en el que rechazaban la precariedad laboral, el sistema de contratación y subcontratación y la relación con los falsos autó- nomos que Movistar. Los huelguistas lo anunciaron como un “compromiso” de “Suspender, revertir y no renovar ninguna contratación pública de servicios con Movistar”, en caso de ganar las elecciones. Pero la traición fue inminente: Ada Colau, como mediadora del conflicto propuso abandonar el edificio a cambio de una reunión entre los trabajadores y Telefónica. Y acto seguido se comprometió a apoyar la renovación del convenio del MWC junto a del ex alcalde de CiU, Xavier Trías. Pasado casi un año ya como alcaldesa y frente a la celebración del MWC de 2016, nada ha cambiado respecto a los contratos precarios de Movistar. Y preparó a Barcelona para el “bien común” de los grandes empresarios de Telefónica y sus millonarias ganancias traicionando el compromiso con los huelguistas de Movistar. En febrero de este año renovó el contrato con Telefónica valorado en 3,2 millones de euros. Frente a estas huelgas y protestas decididas se develan aceleradamente los límites de la llamada “política de gestión municipalista” que lejos está de garantizar e “imponer” a las empresas nuevas condiciones laborales, y que “brinden servicios a la ciudadanía”. Así vendió siempre el MWC la vieja casta política: con este mega evento se “generan nuevos puestos de trabajo”, se “reactiva la hostelería” y la economía de la ciudad.5 Toda una serie de eufemismos y verdades a medias que configuran una siniestra ecuación: contratos cada vez más precarios, explotación laboral y grandes beneficios para las mafias capitalistas hoteleras, de turismo y telecomunicaciones. Y una ciudad “limpia”: de pobres, de vendedores ambulantes inmigrantes. De huelgas y movilizaciones. Traicionando sus promesas, reprimiendo huelgas, manteros y titiriteros.

Promesas de “remunicipalización” y “no pago de la deuda” se desvanecen en los negocios capitalistas

Desde finales de los ’80 y ’90 la mayoría de los Ayuntamientos, en manos del PSOE, PP y los partidos del Régimen, externalizaron y privatizaron los servicios públicos. Los efectos de este modelo son los de la precariedad laboral, contra la que se han desarrollado una gran cantidad de huelgas y protestas en varias ciudades del Estado, muchas de ellas motorizadas por las promesas de “remunicipalización”.

En Zaragoza, Madrid y otras ciudades, trabajadores de empresas contratadas por el Ayuntamiento de sectores como limpieza, transportes, parques y jardines, servicios sociales, escuelas de música, líneas de información como el 010, entre otros, han formado ‘Plataformas por la Remunicipalización’. Proponen la remunicipalización mediante la subrogación de todos los trabajadores actualmente contratados, e incluso algunos defienden la gestión de los servicios municipalizados por los propios trabajadores y usuarios. Las empresas se benefician de contratos de concesión, —la mayoría realizados a base de prácticas corruptas— que les permiten funcionar en régimen de oligopolio y facturando unos costes sobredimensionados. Y para aumentar sus ganancias o mantenerlas, realizan brutales reducciones de plantilla mediante ERTE’s o ERE’s, e imponen condiciones laborales precarias bajando la calidad de los servicios, sangrando impunemente las arcas públicas.

Gestionar estas empresas “para el bien común” respetando las reglas capitalistas es una utopía gigante. Porque son algunos de los andamios de todo un sistema perpetuado de arriba a abajo por el propio Régimen político. Y por sus partidos e instituciones que hoy se muestran salpicados de todos los negocios con estas mafias corruptas, en los que no se salva ni la monarquía. Frente a esto, en Madrid, Manuela Carmena viene planteando la “inviabilidad” de la remunicipalización de servicios como la limpieza y la jardinería “por razones jurídicas y económicas” e incluso anunció que “tampoco es partidaria de crear una empresa pública que pudiera absorber a estos trabajadores ya que el endeudamiento actual del Ayuntamiento se lo impide”. Lo mismo dice Ada Colau, por ejemplo, a las trabajadoras de Servicios Sociales dedicadas a limpieza y cuidados de personas dependientes bajo terribles condiciones de precariedad, siendo 4.000 sólo en Barcelona repartidas en empresas contratadas por el Ayuntamiento. También Zaragoza en Común, a través de su concejal Alberto Cubero, anunció que la propondrá cuando venzan los contratos, que en 8 transporte o las basuras no lo hacen hasta el 2022 y 2023.

Los gobiernos “del cambio” se enfrentan contundentemente a las huelgas y protestas, cuando son ellos los que deberían luchar en las calles y en las huelgas junto a los trabajadores, por la remunicipalización de todos los servicios externalizados, bajo la gestión directa de trabajadores y usuarios, para que sean puestos al servicio de la clase trabajadora y sectores populares, sin prácticas de corrupción. Y frente a la supuesta “imposibilidad” de subrogar a los trabajadores por “las deudas heredadas de gobiernos anteriores”, en este caso municipales, deberían decir claramente que ninguna deuda deber ser pagada por las arcas públicas. Sin embargo, más preocupados por los pactos con el PSOE para gobernar y resolver su “falta de aritmética parlamentaria”, desean ver las calles libres de protestas y huelgas. La idea de una “gestión al servicio de los ciudadanos” de las instituciones de la democracia liberal, está dejando al descubierto que los representantes de los Ayuntamientos del “cambio”, cuando están en juego los intereses de los capitalistas o los de los trabajadores, terminan junto a los capitalistas.

Luchas contra la precariedad que cuestionan al modelo capitalista de los ’90 Estas huelgas y protestas obreras cuestionan, explícitamente o no, el modelo laboral del capitalismo español configurado en las décadas del ’80 y ’90 con sus políticas de privatización y el consecuente aumento de la precariedad laboral. Cuestionan a la vieja “casta bipartidista” responsable de las reformas laborales que desde González, Aznar y Zapatero consolidaron bajo un modelo en el que más de un tercio de la clase trabajadora padece condiciones de precariedad. Son el fruto de años de acuerdos entre las direcciones de los sindicatos mayoritarios de CCOO y UGT, la patronal y los gobiernos del PSOE y el PP. Y cuestionan un modelo en el que se daba por “natural” la existencia de sectores precarios, subcontratados o “falsos autónomos”. Una división que se reproducía en la vida cotidiana de los trabajadores tras una “paz social” en la que los más precarios se sentían vulnerables a la hora de luchar. El ejemplo de la plantilla fija de Telefónica o de Metro rompe decididamente contra los valores individualistas de los años ’90 que la burocracia supo imponer mediante la división y el aislamiento a los sectores de trabajadores más explotados. Los trabajadores de Metro con contratos fijos y mejores salarios convocan huelgas sobre todo por sus compa- ñeros y compañeras que tienen salarios bajísimos y contratos laborales extremadamente precarios. Las múltiples protestas contra la precariedad, de empresas contratadas por los gobiernos municipales, están poniendo en jaque a los Ayuntamientos tras las consecuencias nefastas del sistema de subcontratación de los servicios públicos. Otro de los andamios de la estructura laboral del capitalismo español impuesto en los ’80 y ’90. Y podríamos preguntarnos, estas primeras huelgas y protestas, (Movistar, Metro, Bus), ¿no estarían comenzando a romper con la falsa idea de los nuevos reformismos de que se pueden generar profundas transformaciones sin la intervención de la clase trabajadora como sujeto político, sino mediante la formación de una mayoría de ciudadanoselectores, justificando así la colaboración de clases?

La “Segunda Transición” y la impotencia estratégica de Podemos y los gobiernos municipales

Entra en juego, en el terreno de la lucha de clases, la impotencia estratégica de la “ilusión en la democracia capitalista”, puesta a prueba en los Ayuntamientos de “confluencias ciudadanas”. Pretenden mostrarse como expresión política del descontento social frente a la crisis, sin proponerse transformar radicalmente las relaciones de fuerzas, a la vez que hacen esfuerzos para apagar la movilización y garantizar pactos “por arriba” con los partidos de la casta como el PSOE. Sus discursos crearon ilusiones y exigencias de parte de sectores de la clase trabajadora, de que cumplan con sus promesas, lo que la motoriza una experiencia que tiende a romper con la “pasivización”. En un sentido esto va en contra de la falsa ilusión de estas formaciones neo reformistas, de que se puede luchar contra la precariedad, los recortes y despidos, sin enfrentar la resistencia de la clase capitalista, respetando la propiedad privada y su legalidad. Pero la lucha de clases no sabe de “videopolítica” y gestos inocuos y la clase trabajadora no va a aceptar pasivamente a gobiernos “del cambio” anti-huelgas.

La Segunda Transición para la que se prepara Podemos parece ser una versión actualizada de la “ruptura pactada” que ayudó a garantizar el PCE de Santiago Carrillo, acallando el ascenso obrero en curso; aunque muy lejos de la influencia que el PCE tenía en el movimiento obrero, con peso militantes en CCOO. El PCE, lejos de acompañar la extensión y radicalización del ascenso de la lucha de clases, la frenó para garantizar los pactos con el gobierno de Suárez tras su estrategia de “reforma pactada” del Régimen. Sin embargo, en esas épocas la dinámica de la lucha de clases era contraria a esta estrategia. Mientras “los de arriba” pactaban con el PCE, las huelgas y las manifestaciones se multiplicaban de una manera desconocida hasta entonces en todo el Estado español. Y con una dinámica de conflictos cada vez más radicalizados y reivindicaciones polí- ticas que atentaban contra la reforma del Régimen. La falsa ilusión de que la democracia (capitalista) contiene una “representación política” sustentada por una “organicidad” social a través del voto, empieza a chocar frente a las primeras experiencias de los trabajadores con sus “nuevos representantes” antihuelga.